El profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Vicente Castelló, analiza la situación laboral de los jóvenes y cómo afrontarla para su inserción en el mercado de trabajo.
Las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19 han provocado, desde su inicio en el año 2020 hasta en el primer trimestre de 2021, una caída importante del producto interior bruto (PIB) y del empleo en las economías mundial y en la Unión Europea (UE) con gravísimas consecuencias sociales y económicas.
España no ha sido ajena a todo ello y ha sufrido también un fuerte descenso de la actividad económica, que se ha traducido en un empeoramiento del mercado laboral, pero afectando de forma asimétrica entre los distintos grupos de edad.
Sus efectos han sido mucho más intensos entre los más jóvenes debido a que las restricciones a la movilidad por el Covid-19 han impactado negativamente en el sector de hostelería con una pérdida anual del 75% de afiliados a la Seguridad Social. Dicho sector emplea un gran número de trabajadores jóvenes de poca formación y que ahora requerirán una nueva adaptación.
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Desajustes en el desempleo juvenil
Todo ello se produce en un mercado laboral con elevados desajustes: elevada tasa de desempleo juvenil, la más alta de la UE (tasa de paro del 40 %, tres veces más que la media de España) pero con una mayor incidencia entre los que no tienen estudios superiores.
Son muchos los factores que han influido en que, una vez más, la destrucción de empleo se haya cebado entre los más vulnerables y que convierten el desempleo juvenil en un fenómeno estructural. Es el caso de aquellas personas que tienen un menor nivel de cualificaciones académicas y, por lo tanto, tienen una empleabilidad más reducida. Su formación es bastante desigual ya que el 21% de los parados jóvenes tienen estudios superiores, mientras el 79% restante no los tienen.
Contratos más precarios
Otro factor se refiere a las condiciones laborales de los jóvenes españoles que son más precarias que en los países de nuestro entorno. Las entradas y salidas del mercado de trabajo se producen con contratos de trabajo temporales de corta duración y, en ocasiones, con excesiva sobrecualificación, lo que dificulta la acumulación de experiencia. Es decir, son los últimos en entrar al mercado de trabajo, pero son los primeros en salir cuando hay crisis por su mayor vulnerabilidad independientemente de su productividad. En concreto, el 67% tienen un contrato temporal (52% en la zona euro) y un 36 %tienen un contrato de jornada parcial.
De esta forma, el paro juvenil en España se ha agravado durante la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19: en el año de la pandemia se han perdido 200.000 puestos de trabajo, el 32% del empleo total, pese a que los jóvenes representan el 4,4% del conjunto del empleo.
Consecuencias en el acceso a la vivienda
El agravante de todo ello para los jóvenes se traduce en otro factor de enorme repercusión: las dificultades de acceso a la compra de una vivienda. La elevada inestabilidad de los contratos temporales y parciales limita la capacidad de obtener ingresos estables periódicamente. A ello, habría que añadir el endurecimiento de la oferta de crédito. Es complicado, por no decir imposible, obtener una hipoteca con contratos de trabajo de corta duración.
Según el Banco de España, la proporción de individuos jóvenes que posee su vivienda de residencia a los 30 años ha ido disminuyendo para los nacidos a partir de 1980: el 7% de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, ese porcentaje era del 26%.
Sistema educativo
En este contexto, como respuesta para afrontar estos retos, sería conveniente plantear una estrategia conjunta en los ámbitos educativo y laboral mediante la adopción de reformas y cuya prioridad debe ser disminuir primeramente la tasa de paro del conjunto de la población activa. Por lo tanto, el paro de los jóvenes no es solamente un problema económico, es también un problema político y, como tal, debe tratarse.
El cambio del sistema educativo es imprescindible. El modelo educativo actual necesita una revisión. Por ello, hay que modernizar el sistema de aprendizaje y el contenido del currículum educativo, para dotar a los estudiantes de herramientas con las que enfrentarse a un entorno más tecnológico y cambiante.
La formación profesional por su papel estratégico requiere una revisión profunda que permita aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades a lo largo de la vida, para lo que es fundamental ajustar la estructura formativa a las necesidades del sistema productivo.
Los jóvenes españoles siguen mostrando unos niveles de competencias básicas por debajo de los de la mayoría de los países desarrollados y de nuestros homólogos europeos. Además, los bajos niveles de competencias se mantienen en todos los estadios educativos, incluso en la universidad, según un informe del Consejo Económico y Social: Jóvenes y mercado de trabajo en España.
Recientemente el Foro Económico Mundial (en sus siglas en ingles WEF) indicaba que las habilidades estaban cambiando y destacaba aquellas que consideraba entre las más importantes: pensamiento analítico y de innovación, aprendizaje activo y estratégico, resolución de problemas complejos.
Es conveniente impulsar el gasto de las Políticas Activas de Empleo en actividades de formación y de orientación, evaluar la eficiencia y productividad de las medidas de inserción, formación de trabajadores, incentivos para el sector privado y servicios de orientación y seguimiento.
La conclusión más relevante de todo ello, según el Banco de España: «Muchos de los retos de la economía española anteriores a la pandemia, se han visto agudizados por esta, afectan de manera especial a los jóvenes: sistema educativo, mercado de trabajo, vivienda, incertidumbre e inestabilidad de la renta…».
El profesor Vicente Castelló es autor del informe «Jóvenes. Temporalidad y precariedad laboral» de la cátedra Prospect Comunitat Valenciana 2030.
Desde el Instituto Santalucía te invitamos a profundizar sobre los retos, no solo a nivel laboral y de vivienda de los jóvenes, sino también a nivel de su capacidad de ahorro a largo plazo para complementar la pensión pública, con nuestra Guía para jóvenes.
