Ningún partido ha propuesto una política global para adaptar el sistema de pensiones a la realidad demográfica

• Los expertos advierten de que el envejecimiento debe ser un factor clave a considerar en la necesaria reforma del sistema de pensiones
• La sostenibilidad debería ser la primera prioridad: hay que garantizar que las nuevas pensiones no agraven el déficit en el sistema
• Entre las recomendaciones de los expertos al nuevo Gobierno están adoptar un sistema de cuentas nocionales, compatibilizar pensión y trabajo y blindar las pensiones mínimas frente a la inflación

El envejecimiento de la población es una de las principales causas que están provocando un creciente déficit estructural de la Seguridad Social, poniendo cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, esta nueva realidad demográfica no ha tenido reflejo en la reciente campaña electoral, en la que ningún partido político ha tenido en cuenta esta importante circunstancia a la hora de proponer una política global para reformar el sistema público de pensiones. Esta es una de las principales conclusiones emitidas por el Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA, en su reunión mantenida el pasado mes de mayo, en la que debatieron sobre las propuestas de pensiones para el nuevo Gobierno.

El Foro de Expertos, uno de los pilares del INSTITUTO SANTALUCÍA, formado por reputados profesionales e investigadores independientes del ámbito económico¹, considera que, como principio general, la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser la primera prioridad por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos. Para garantizar la sostenibilidad hay que poner fin a la situación actual, en la que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit, ya que ningún trabajador, incluso con las carreras más largas, cotiza lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación.

Con el fin de garantizar uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, el Foro de Expertos ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas al nuevo Gobierno para asegurar unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas:

1. El Foro de expertos insta a buscar un nuevo consenso en el Pacto de Toledo sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de una forma que no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes. Este consenso ha de tener en cuenta la actual situación demográfica, social y económica, que es muy diferente de la existente en el momento de puesta en marcha del Pacto, en 1995.

2. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo deseable siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema. Para garantizar la compatibilidad de ambos objetivos, resulta necesaria una reforma estructural del sistema que garantice que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema, lo que exigirá una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas y en línea con otras economías más avanzadas en Europa. Esta reforma, se podría desarrollar con la adopción de un sistema de cuentas nocionales individuales de contribución definida con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, y un sistema de complementos a mínimos como el actual. Esta reforma no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del actual sistema de reparto, pero aportaría racionalidad, sostenibilidad y trasparencia al sistema, sin sacrificar la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos. Esta reforma ayudaría también a preservar la equidad intergeneracional del sistema, repartiendo sus cargas equitativamente entre todas las generaciones.

Además, por razones de equidad y solidaridad, las pensiones mínimas deberían blindarse frente a la inflación, manteniendo la práctica actual de financiar los complementos de mínimos con transferencias del Estado y en última instancia con impuestos generales.

3. Para compatibilizar la sostenibilidad del sistema con su suficiencia, es crucial aumentar la tasa de empleo e incrementar la productividad y con ella los salarios. Las mejoras de empleo y especialmente de productividad son fundamentales para que la necesaria reducción de la tasa de prestación (ratio entre la pensión y el salario medios) no implique pensiones iniciales menores. Adicionalmente se deberían adoptar medidas que potencien la natalidad y diseñar una política migratoria de futuro.

4. El Foro aboga por la plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo remunerado, como ya existe en otros países de nuestro entorno y en el nuestro, en ciertos casos, para los trabajadores autónomos, y se opone a cualquier propuesta que suponga un avance hacia la jubilación forzosa. Al contrario, propugnamos la adopción de políticas flexibles que permitan y estimulen una mayor participación laboral de las personas de mayor edad y el pleno aprovechamiento de la experiencia y el talento de la población senior.

5. Con respecto a la edad de jubilación, el Foro es partidario de ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida. El Foro de Expertos quiere resaltar que el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad disminuye la equidad del sistema.

6. El Foro de Expertos recomienda potenciar la previsión social complementaria, actualizando y mejorando los actuales incentivos fiscales para el ahorro de previsión a largo plazo de formas que respeten la neutralidad fiscal entre distintos activos. En su regulación deben tenerse en cuenta las mejores experiencias internacionales, incluyendo el sistema británico, caracterizado por su flexibilidad y una participación cuasiobligatoria.

Sobre los incentivos fiscales, el Foro se remite al análisis realizado en abril de 2012 que considera de plena actualidad, donde recalca que es necesaria una revisión de la fiscalidad del ahorro bajo un principio de neutralidad: la fiscalidad no debe distorsionar en ningún caso las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo entendiendo este concepto de manera genérica. Se plantea la posibilidad de crear una especie de “perímetro de ahorro a largo plazo”. Se trataría de una cuenta paraguas que permitiría realizar inversiones en distintos tipos de activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales, como los planes de pensiones. El cliente podría vender y comprar los distintos activos sin penalización fiscal alguna, siempre que los recursos se mantengan dentro de esta cuenta, tributando únicamente en el momento de retirar sus aportaciones tras haber alcanzado la edad de jubilación.

Puedes encontrar las recomendaciones completas del Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA en este enlace.