El Foro de Expertos considera que el presupuesto del Sistema de Seguridad Social es cada vez más complejo y confuso, incluyendo una mezcla de partidas contributivas y no contributivas, sin distinguir con claridad entre ellas.
El Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión y debate permanente en materia de educación financiera, economía sostenible y cuarta edad, ha concluido, tras en su último encuentro, el carácter cada vez más complejo y confuso de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Seguridad Social al incluir gastos y prestaciones que mezclan las partidas contributivas y no contributivas. Este capítulo social es la mayor partida de los presupuestos, más del 40% del gasto consolidado, lo que supone unos 204.209 millones de euros, un 12,8% más con respecto a 2021.
Concretamente, el grueso del gasto en Seguridad Social de los PGE se destina a financiar las pensiones contributivas con un coste previsto de 166.777 millones de euros (11,2% más que el año anterior) y las no contributivas que recibirán 2.803 millones de euros (sin incluir País Vasco y Navarra). Sin embargo, además de los complementos de mínimos para las pensiones contributivas y no contributivas, se traspasan al Estado otros gastos impropios que incluyen prestaciones explícitamente contributivas como el nacimiento y cuidado de menores, por un total de 3.117 millones de euros, y otros 5.560 millones de euros por conceptos no detallados.
“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario”, comenta José Manuel Jiménez, Director del INSTITUTO SANTALUCÍA. “Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, subraya Jiménez.
Los expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de “gastos impropios”, que en parte no son tales, solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema.
Un nuevo impuesto para llenar la “hucha” de las pensiones.
Según el Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para incrementar la “hucha de las pensiones” sólo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio. Sin embargo, para 2023, el déficit esperado será de un 0,7% sobre el PIB, que aumentará a 0,9% si no se tienen en cuenta los ingresos extraordinarios del MEI. “Es más, el déficit del componente contributivo ascendería a 2,3% del PIB, sin tener en cuenta las transferencias del Estado para financiar los supuestos gastos impropios” calculan los miembros del Foro de Expertos.
Por lo tanto, desde el Foro de Expertos valoran que esta aportación parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma, que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo.
Habría sido más equitativo para todos los colectivos blindar sólo a las pensiones más bajas.
Desde el Foro de Expertos estiman que, con la actualización de las pensiones con el IPC, estimada en un 8,5% en 2023, los pensionistas serán de los pocos colectivos que tengan su renta protegida frente a la inflación, frente a la mayoría del resto de los trabajadores que verían su capacidad adquisitiva reducida. Por tanto, los expertos reconocen que habría sido más equitativo blindar solo a las pensiones más bajas.
“Si esta revalorización no viene acompañada de una subida de los ingresos, o una disminución del gasto por otras vías, la sostenibilidad del sistema puede peligrar a largo plazo”, declara José Manuel Jiménez. Precisamente, el Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA destaca que el sistema de revalorización de las pensiones previsto en la reforma de 2013 ya ofrecía soluciones mediante el aumento de ingresos o reducción de gastos. “De hecho, la reforma de 2013 era compatible con esta actualización de las pensiones con el IPC. Lo único que requería eran suficientes ingresos”, añade José Manuel Jiménez.
Los expertos consideran que nuestro sistema de Seguridad Social debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto, pero permitiría introducir mejoras relevantes, como el incremento de la transparencia, la equidad y la protección a la inflación. Un sistema de este tipo sería, además, perfectamente compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente.
El Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA está integrado por José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce y Josefa Ros, reconocidos profesionales de primer nivel en el ámbito de la economía y las pensiones tanto a nivel público como privado.
*Se adjunta el Informe con el Análisis del Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA de los PGE para 2023 en materia de Seguridad Social.
*Se adjunta un vídeo con las impresiones y análisis de José Ignacio Conde-Ruiz, Presidente del Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA.
*Se adjunta nota de prensa.
