El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez Rodríguez, analiza el acuerdo sobre la reforma de pensiones entre Gobierno y agentes sociales.
A finales de junio acabamos de conocer el acuerdo que se ha llevado a cabo con los agentes sociales para la primera fase de reforma de las pensiones que este Gobierno tiene previsto abordar, después del acuerdo y aprobación por amplísima mayoría del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo de la comisión del mismo nombre.
Estas medidas ya estaban incluidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea a finales de abril y son las primeras de una batería de ellas que se verán complementadas a lo largo de los dos próximos años.
Estás primeras medidas van enmarcadas en la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) sustituido por un crecimiento según el Índice de Precios al Consumo (IPC), sin tener en cuenta los valores negativos, acciones para intentar aumentar la edad real de jubilación, endureciendo de la jubilación anticipada y mejorando los incentivos para seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.
Además, se deroga el factor de sostenibilidad, teniendo el Gobierno hasta el 15 de noviembre para definir una nueva herramienta denominada Índice de Equidad Intergeneracional. Otras dos acciones ya se habían incluido en los Presupuestos Generales del Estado , los primeros pasos del traspaso de los gastos “impropios” a las cuentas generales y la modificación del complemento de maternidad por pensiones.
Este acuerdo coincide con el lanzamiento por el Instituto Santalucia de las reflexiones realizadas en el último Foro de Expertos desarrollado el 13 de mayo, donde se analizaba la situación actual de las reformas pendientes en materia de pensiones.
Reflexiones del Foro de Expertos
El Foro de Expertos sigue pensado que la sostenibilidad del sistema continúa estando en riesgo a medio plazo ya que no se están teniendo en cuenta un punto muy importante como es que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit actuarial, ya que ningún trabajador, por muy larga que sea su carrera de cotización, aporta lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los tipos existentes de cotización y los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación.
El foro sigue apostando por reformas estructurales, basadas en las cuentas nocionales, para poder abordar con solvencia los cambios demográficos que se esperan a largo plazo.
También la AIREF advierte en su ultimo observatorio sobre la deuda publica el riesgo a medio y largo plazo del mayor gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población, tanto por su probabilidad de ocurrencia como por su elevado impacto, siempre que no sea compensado con ingresos adicionales.
En resumen, se tiene que ver de una forma positiva los pasos dados por el Ejecutivo para trabajar en la reforma del sistema de pensiones, aunque queda mucho camino por andar para encontrar soluciones a su sostenibilidad.
