- Un nuevo informe del INSTITUTO SANTALUCÍA alerta de que, pese a avances legales, la compatibilidad entre pensión y trabajo sigue fragmentada, con incentivos débiles y efectos negativos para trabajadores, empresas y la Seguridad Social.
- A pesar de reformas en jubilación activa, parcial y flexible, su aplicación práctica sigue limitada por barreras legales, desincentivos económicos y falta de coordinación entre las tres modalidades.
- El informe propone un Modelo Integral de Jubilación Compatible que unifique reglas y permita flexibilidad laboral, incentivando el envejecimiento activo y la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Madrid, 10 de febrero de 2026.- España continúa atrapado en un esquema de “trabajar o jubilarse”. Se pasa de la actividad a tiempo completo a la inactividad casi total, aunque muchas personas podrían —y querrían— seguir activas al menos parcialmente. Este diseño, heredado del siglo XX, ya no encaja con una realidad en la que las personas viven más, llegan en mejores condiciones de salud a edades avanzadas y tienen trayectorias laborales cada vez más diversas.
Esta son algunas de las conclusiones centrales del nuevo informe del INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión del GRUPO SANTALUCÍA, titulado “La compatibilidad entre pensión y trabajo: avances y desafíos”, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Catedrático en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA y presidente del Foro de Expertos de INSTITUTO SANTALUCÍA; y Jesús Lahera Forteza, Catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de FEDEA. El estudio examina las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024 y el borrador de desarrollo de la llamada jubilación reversible, y advierte que, pese a los avances, el marco vigente sigue siendo fragmentado, poco coordinado y con incentivos débiles para prolongar voluntariamente la vida laboral.
Esa rigidez tiene efectos económicos visibles. Para los trabajadores supone con frecuencia una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas implica perder experiencia y talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social significa desaprovechar cotizaciones potenciales en un momento de fuerte presión financiera.
Hoy existen tres vías legales para compatibilizar pensión y trabajo —jubilación activa, jubilación parcial y jubilación flexible (o reversible)—, pero operan como piezas sueltas que no encajan entre sí. El problema, según el estudio del INSTITUTO SANTALUCÍA, no es la falta de instrumentos, sino su descoordinación y sus reglas contradictorias.
Un sistema reformado que sigue sin despegar
La jubilación activa ha sido la figura más reformada desde 2024. Ahora permite compatibilizar trabajo y pensión con un esquema progresivo: 45% de la pensión el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto. Además, ya no se exige haber alcanzado el 100% de la base reguladora para acceder, lo que amplía el acceso —con efectos positivos especialmente para mujeres con carreras de cotización más irregulares—.
Sin embargo, el informe subraya que su atractivo práctico sigue siendo limitado. Durante la jubilación activa las nuevas cotizaciones no mejoran la pensión futura, no se generan nuevos complementos por demora y no se puede acceder a complementos a mínimos, incluso si la pensión es baja. A ello se suma una barrera clave: no existe un contrato laboral específico para jubilados activos, lo que obliga a extinguir el contrato previo y empezar de cero, generando inseguridad jurídica y desincentivos para empresas y trabajadores.
En cuanto a la jubilación parcial, el estudio reconoce su valor como transición gradual hacia el retiro, pero advierte que sigue siendo demasiado costosa y rígida para las empresas. La modalidad anticipada exige al menos 33 años cotizados y obliga a contratar a un trabajador en sustitución, lo que mantiene la figura anclada a una lógica de reparto de empleo más que a una verdadera flexibilidad individual.
La jubilación flexible o reversible, aún pendiente de desarrollo reglamentario definitivo, permite a personas ya jubiladas reincorporarse al trabajo a tiempo parcial reduciendo proporcionalmente su pensión. No obstante, su diseño actual presenta incoherencias con la jubilación activa y parcial y establece límites que reducen su atractivo, especialmente para el trabajo autónomo.
“España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles. Si queremos aprovechar el talento sénior y reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social, la jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral. Ese es el reto que este informe pone sobre la mesa”, afirma José Manuel Jiménez Rodríguez, director del INSTITUTO SANTALUCÍA.
Hacia una jubilación compatible que se adapte al siglo XXI
Ante este panorama, el informe no propone crear nuevas opciones, sino ordenar e integrar las existentes. Los autores plantean avanzar hacia un Modelo Integral de Jubilación Compatible (MIJC) que unifique reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión bajo principios comunes de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica.
Ese modelo debería garantizar que cada año adicional trabajado incremente la pensión de forma clara y predecible, permitir al trabajador decidir libremente su intensidad laboral (tiempo parcial o completo, por cuenta ajena o propia) y crear un contrato laboral específico para pensionistas activos que facilite acuerdos con las empresas y reduzca la litigiosidad.
Según el estudio, un sistema así no solo favorecería el envejecimiento activo y el aprovechamiento del talento sénior, sino que también contribuiría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en un país que envejece rápidamente.
El nuevo informe del INSTITUTO SANTALUCÍA plantea, en definitiva, un cambio de enfoque: pasar de un modelo pensado para retirar trabajadores a otro diseñado para retenerlos voluntariamente más tiempo en condiciones razonables. En un país que envejece con rapidez —la esperanza de vida a los 65 años ha aumentado de forma sostenida, sumando 18,7 años a comienzos de siglo a los 21,7 años en la actualidad—, convertir la jubilación en un tránsito gradual, y no en un corte abrupto, no es solo una cuestión de bienestar individual, sino una pieza clave para el futuro del empleo, la competitividad de las empresas y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones.
El informe completo “La compatibilidad entre pensión y trabajo: avances y desafíos” está disponible en la web del INSTITUTO SANTALUCÍA.
