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El diseño de la pasarela al RETA puede variar en más de 23.000 euros el capital necesario para reconocer 30 años cotizados

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• Las simulaciones del Pensiómetro sitúan entre 78.921 y 102.479 euros el fondo necesario para reconocer 30 años de cotización para la prestación de jubilación, según el coeficiente aplicado y considerando en ambos casos la actualización por IPC.
• El informe estima que unos 100.000 mutualistas alternativos podrían acceder voluntariamente al régimen de autónomos mediante el traslado de sus derechos económicos acumulados.
• Los investigadores señalan que el desarrollo reglamentario será determinante para concretar las condiciones de conversión y la equidad del proceso.

Madrid. 4 de noviembre de 2026.- El INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión del GRUPO SANTALUCÍA, ha presentado una nueva edición de su Pensiómetro, el barómetro que reúne y actualiza los principales indicadores del sistema público de pensiones español. En esta ocasión, el informe analiza la pasarela de los mutualistas alternativos (profesionales autónomos que realizan aportaciones a una mutualidad de previsión social privada en lugar de a la Seguridad Social) al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cuantifica cómo las condiciones de conversión pueden modificar el capital necesario para obtener el reconocimiento de años cotizados.

Según las simulaciones del estudio, para reconocer 30 años de cotización para la prestación de jubilación sería necesario transferir un fondo de 78.921 euros si se aplica un coeficiente del 67 %, frente a los 102.479 euros que exigiría uno del 87 %, considerando en ambos casos la actualización de las cuotas teóricas por IPC. La diferencia asciende a 23.558 euros y refleja la importancia que tendrá el diseño final del procedimiento para los profesionales que decidan acogerse a él.

El análisis ha sido elaborado por integrantes del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social: Enrique Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu, de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura; y Miguel Ángel García, de la Universidad Rey Juan Carlos.

El coeficiente determina cuánto capital hace falta

La Ley 2/2026, de 29 de julio, establece una horquilla de coeficientes entre el 0,67 y el 0,87 para convertir los derechos económicos acumulados en periodos cotizados al RETA. El Pensiómetro explica que, aunque la norma utiliza la denominación «coeficiente de mejora», un valor más elevado exige transferir más capital para obtener el reconocimiento del mismo número de años.

Esta diferencia también se aprecia en carreras laborales más cortas. Para reconocer 15 años, las simulaciones con actualización por IPC sitúan el fondo necesario en 38.934 euros con un coeficiente del 67 % y en 50.556 euros con uno del 87 %. Se trata de escenarios de cálculo que permiten dimensionar los efectos de las distintas opciones, sujetos a las condiciones que concrete el desarrollo reglamentario.

La actualización por inflación también modifica el resultado

Además del coeficiente, el estudio destaca la relevancia de actualizar o no por inflación las cuotas que el profesional habría abonado para la prestación de jubilación de haber estado integrado en el RETA. Los investigadores consideran que este ajuste por inflación permite comparar aportaciones correspondientes a momentos distintos de la vida laboral, que pueden estar separados por más de 30 años.

El efecto es significativo. Para reconocer 30 años con un coeficiente del 87 %, el capital necesario pasa de 72.403 euros en el escenario sin actualización por IPC a 102.479 euros cuando se incorpora ésta. Por ello, el informe señala que ambas decisiones (el coeficiente y el tratamiento de la inflación) resultarán determinantes para establecer los derechos reconocidos a cada mutualista.

Una decisión sobre la protección social futura

El Pensiómetro estima que unos 100.000 mutualistas alternativos podrían acceder voluntariamente al RETA mediante el traspaso de los fondos acumulados en sus mutualidades. El estudio concluye que esta vía puede mejorar la protección social futura de parte del colectivo, aunque advierte de diferencias de trato que deberán analizarse al concretar su aplicación.

Por su parte, la Ley 2/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado, contempla una aproximación progresiva de las cuotas de las mutualidades a la cuota de referencia del RETA: el 86 % en 2026, el 93 % en 2027 y el 100 % en 2028. Este calendario añade otro elemento relevante para valorar las aportaciones futuras de quienes permanezcan en el sistema alternativo.

«Las simulaciones permiten traducir una reforma compleja a una pregunta concreta: ¿cuánto ahorro deberá transferir un profesional y qué derechos obtendrá a cambio? El desarrollo reglamentario será decisivo para que los mutualistas puedan valorar su situación con información suficiente y comprender las consecuencias de su decisión», señala José Manuel Jiménez Rodríguez, director del INSTITUTO SANTALUCÍA.

Barómetro de las pensiones

La edición de octubre actualiza 18 de los 20 indicadores del Pensiómetro con datos de junio y julio de 2026. La relación entre afiliados y pensionistas mejora de 2,34 a 2,37 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el indicador demográfico desciende hasta 2,87 personas de entre 20 y 64 años por cada persona de 65 o más años, un nuevo mínimo de la serie.

En el plano financiero, el déficit contributivo anual se reduce del 1,84 % al 1,76 % del PIB, aunque su cuantía aumenta de 30.062 a 30.633 millones de euros. El informe subraya que la mejora de la afiliación contribuye a sostener el sistema, en un contexto en el que el envejecimiento seguirá presionando el gasto en pensiones.

Sobre el INSTITUTO SANTALUCIA

El Instituto Santalucía es una plataforma de investigación y debate creada por Santalucía, uno de los mayores grupos aseguradores internacionales. Su objetivo principal es fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible además de indicar dos áreas de acción claves: ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para cambiar las actitudes de los consumidores hacia el ahorro a largo plazo.

El pilar básico del Instituto lo conforma un Foro de Expertos integrado por ocho profesionales e investigadores del mundo de la economía y las pensiones y presidido por Guillermo de la Dehesa. La actividad del Instituto se sostiene en tres áreas de acción: el trabajo de investigación y reflexión del Foro de Expertos, la generación de estudios periódicos en materia de vida, pensiones y ahorro a largo plazo y el desarrollo de herramientas de análisis, ayuda y asesoramiento para los ciudadanos.

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