El Foro de Expertos analiza las propuestas de los Partidos Políticos en materia de pensiones

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En esta reunión del Foro de Expertos del Instituto Santalucía han intervenido: Guillermo de la Dehesa, Ignacio Conde-Ruiz, José Antonio Herce y César Molinas.

El Foro de Expertos presenta en este documento sus conclusiones sobre el análisis de las propuestas de los Partidos Políticos en materia de pensiones en las últimas Elecciones Generales del 26 de junio de 2016. Aunque a las Elecciones Generales concurren otros partidos políticos, el análisis se ha realizado en las cuatro formaciones políticas que tienen mayores opciones de formar Gobierno.

Aunque es evidente que en épocas de elecciones no es un buen momento para dar “malas noticias” a los electores, el Foro de Expertos entiende que debe buscarse el cumplimiento del precepto constitucional para conseguir la suficiencia de renta de los ciudadanos de la tercera edad, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Por esta razón uno de los principales retos del próximo gobierno, así como de todas las fuerzas políticas es facilitar la consolidación de un sistema de pensiones que sea a la vez sostenible a largo plazo y suficiente.

Conclusiones del Foro de Expertos:

  • Las reformas realizadas en los últimos años, tanto en la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011, por la que se retrasó la edad de jubilación, entre otras cosas, como la Ley 23/2013, mediante la que se reguló el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, han sido pasos necesarios muy importantes en la buena dirección para conseguir la viabilidad del sistema, pero ante el evidente déficit estructural que la modesta evolución de las cotizaciones de los últimos años ha puesto de manifiesto, creemos que no son medidas suficientes por lo que nuevas acciones tanto inmediatas como a medio y largo plazo se hacen cada vez más necesarias. Ello es así porque, en poco tiempo, se agotará el fondo de reserva de la Seguridad Social, lo que demandará soluciones rápidas que, sin embargo, no deben contradecir la lógica de una reforma de mayor alcance y calado.
  • En este contexto, vigente también durante la campaña electoral pasada, ningún partido político ha expresado una propuesta global para adaptar nuestro sistema de pensiones la nueva realidad demográfica, sino acciones parciales y planteamientos que pueden paliar en parte el problema pero que no lo resuelven en su totalidad, cuando no, en algunos casos, ir claramente a la contra de lo que se necesita.
  • Debemos tener en cuenta que el problema fundamental al que se enfrentan la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo es el avance incesante y lineal de la longevidad, donde no sirven soluciones de corto plazo sino soluciones con visión de alcance y que se acomoden a esta realidad.
  • Este aumento de la longevidad, (la esperanza de vida en España se sitúa ya en 83,2 años, según los últimos datos facilitados por la OCDE correspondientes al año 2013, únicamente Japón supera a España en esperanza de vida, con 83,4 años de media), dará lugar a que aumente a un ritmo paralelo la edad de jubilación y los ciudadanos trabajen más tiempo.
  • Para ello se deben favorecer las medidas que ayuden la prolongación voluntaria de la vida laboral, la flexibilidad en la transición entre trabajo y jubilación, pudiéndose compatibilizar ingresos de jubilación y laborales (como incentivo) sin restricciones. Siendo además muy necesaria la concienciación de los trabajadores sobre su formación continua y la importancia del Capital Humano en forma de conocimientos como herramienta necesaria para permanecer activo durante un mayor número de años.
  • La transferencia de una parte de la responsabilidad al ciudadano, en materia de generación de rentas para la jubilación hace que sea necesario fomentar el ahorro privado finalista (previsional y a largo plazo). Para ello una de las herramientas principales será la fiscalidad. Esta, deberá basarse en  tres principios fundamentales: Incentivación, Neutralidad y Simplicidad. El Foro otorga a este último principio gran relevancia, ya que sin él los ciudadanos no pueden realizar una adecuada planificación financiera. En este sentido, el Foro de Expertos ya se expresó en noviembre de 2014 con el informe “La fiscalidad del ahorro previsional a largo plazo ante la reforma fiscal”, donde se planteaba el perímetro previsional a largo plazo.
  • La creación de empleo puede ser una solución que aminore el problema a corto plazo pero aunque consigamos los 20 millones de afiliados (a junio 2016 existen 17,8 millones) se puede obtener una reducción del déficit coyuntural e incluso un superávit del fondo de reserva, pero a medio y largo plazo los problemas se mantienen ya que entrarán más cotizantes en el sistema con una desviación estructural mayor.
  • Las propuestas de nuevos ingresos a través de nuevas figuras impositivas pueden ser un elemento de la reforma definitiva, siempre que no distorsionen gravemente la actividad económica, pero en ningún caso podrán resolver el problema por si solas.
  • Desde el Foro de Expertos creemos que es necesaria una solución integral y definitiva que aborde el problema estructural del sistema de pensiones con un enfoque a largo plazo.
  • Para ello, consideramos que una condición necesaria es un gran pacto nacional por las pensiones de las principales fuerzas políticas nacionales bajo el amparo del Pacto de Toledo. Dicho pacto debería empezar con el nombramiento de una comisión de expertos que prepare un informe de reforma integral del sistema para su análisis dentro del pacto de Toledo, donde se incluyan todas las reformas necesarias para conseguir la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
  • En este sentido, y tras cumplirse en 2015 el vigésimo aniversario del Pacto de Toledo, el Foro de Expertos considera que el panorama de las pensiones que han abierto en nuestro país las reformas de los últimos años es propicio para la renovación del compromiso que dio lugar en su momento a dicho pacto. En este sentido alienta a que las próximas Cortes Generales consideren su refundación sobre las nuevas bases antes comentadas y en un contexto demográfico, social y económico, completamente diferente al de 1995.
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