El último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) “Estadísticas del Movimiento Natural de la Población” revela que el número de nacimientos se redujo un 4,6% y el de defunciones bajó un 7,8% durante la primera mitad del año 2016, con relación al mismo periodo de 2015. El crecimiento vegetativo de la población, la diferencia entre nacimientos y defunciones, presentó un saldo negativo de 12.998 personas.
Evolución de nacimientos, defunciones y saldo vegetativo por semestres 2011-2016
Fuente: INE Estadísticas del Movimiento Natural de la Población
Según los datos provisionales publicados por el INE, en el primer semestre del año se registraron 195.555 nacimientos, un 4,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Continúa así la tendencia decreciente en el número de nacimientos desde 2008, interrumpida por un ligero incremento experimentado en el año 2014. Del mismo modo, en 2016 fallecieron en España 208.553 personas, un 7,8% menos que en el mismo periodo de 2015, descenso que se debe a que el número de defunciones en los meses de enero y febrero fue muy bajo comparado con el año anterior. El crecimiento vegetativo de la población (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue negativo, de –12.998 personas en los seis primeros meses de 2016. Esta cifra es menos negativa que la del mismo periodo de 2015, debido sobre todo a la menor mortalidad registrada este año.
Un doble desafío
En Europa se estima que, en 2080, la pirámide demográfica de la población europea será como indica el color sólido, mientras que la marca bordeada refleja datos de 2015. La tendencia muestra un aumento radical de la esperanza de vida y una disminución, ligera, pero sensible de la natalidad.
Pirámide de población europea 2015 y 2080
Fuente: Eurostat
Estas cifras ponen a España, y a Europa en general, frente a un doble desafío para sus sistemas públicos de pensiones: la pérdida de población y, al tiempo, su envejecimiento. Estos factores inciden directamente sobre la sostenibilidad de los sistemas, suponiendo un riesgo para los mismos. La necesidad de que nuestro país realice un trabajo de reflexión y debate que aporte soluciones relativas al futuro de las pensiones públicas es cada vez más evidente.
En este sentido, José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Foro de Expertos, ya señaló recientemente en uno de los artículos de este blog que “hay que adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad de la longevidad o de la demografía. Se han hecho algunas cosas positivas. Por ejemplo, la reforma de 2011 fue muy positiva porque cruzó esa línea roja que eran los 65 años que estaban anclados desde el siglo pasado y, por primera vez, se pensó que el ser humano no tiene esa fecha de caducidad laboral de los 65 años y se alargó a los 67, lo cual era una medida razonable. La última medida, la de 2013, introdujo un factor de sostenibilidad, como otros países de nuestro entorno, que es necesario para que la generosidad del sistema vaya en paralelo al aumento de la longevidad, y también introdujo la necesidad de cumplir una restricción presupuestaria. El problema que tenemos es que la longevidad que nos viene por delante y el envejecimiento es de tal nivel -no hay que olvidar que España va a ser el país más envejecido de Europa en unas décadas-, pero por unas buenas noticias, porque cada vez los ciudadanos viven más y las mortalidades a edades más avanzadas están cayendo mucho”.
