Dependencia: Recomendaciones para hacer frente a esta contingencia

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La consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), María Romero, aconseja mayor concienciación, fomentar la cultura del ahorro previsional e impulsar la contratación de productos del sector asegurador.

“Los ciudadanos tienen que ser más conscientes de lo que implica la dependencia, sobre todo en términos de desembolso económico, especialmente en caso de sufrir una dependencia severa o de Grado III”, recomienda María Romero, consultora en Analistas Financieros Internacionales (AFI), organización coautora junto a Instituto Santalucía, del informe “La dependencia en España. Una contingencia del siglo XXI”.

No en vano, con el envejecimiento de la población, la probabilidad de sufrir dependencia de Grado III aumenta. Según el citado documento, en 2030 habrá en España más de 560.000 personas mayores de 65 años con la dependencia más severa. Es decir, el 1,1% de la población y el 4,9% de ese grupo de edad. El informe estima que el gasto económico que implica la dependencia de Grado III está situado en 20.000 euros, lo que superaría la capacidad económica que se dispone con la pensión pública de jubilación.

Además de la concienciación de la población española sobre las implicaciones que suponen la creciente longevidad, otra de las recomendaciones para hacer frente a la dependencia pasa por fomentar la cultura del ahorro previsional a largo plazo por medio de un marco fiscal adecuado que permita completar las rentas futuras de jubilación que provengan del sistema público de pensiones. Esto es especialmente relevante, señala el informe, en el caso de aquellos colectivos sociodemográficos más sensibles a sufrir dependencia de Grado III, como son los mayores de 80 años, las mujeres y los que residen en CC.AA. más proclives a sufrir dependencia y/o donde el sector público no ha desplegado suficientemente el servicio y prestaciones adecuado para satisfacer una demanda cada vez más exigente y creciente.

En este sentido, Romero afirma que “el sector público tiene un problema de capacidad financiera para afrontar la dependencia y todos los cuidados de atención de larga duración que supone. Esto al final ha derivado en un problema de desatención de ciertos colectivos y enormes desigualdades territoriales porque la dependencia se gestiona en las diferentes comunidades autónomas de forma muy diferente entre sí”.

Otro de los consejos es la familiarización con alternativas existente para afrontar una adecuada previsión individual que garantice rentas suficientes para tender a las necesidades asociadas a la longevidad y la dependencia. De este modo, la consultora de AFI apunta avanzar hacia un “sistema de dependencia mixto” (público y privado) e “impulsar mucho más la comercialización y la contratación de productos y servicios que el sector asegurado ofrece a los ciudadanos para mejorar su capacidad financiera y la tranquilidad de los ciudadanos en caso de que suceda esta contingencia”.

La dependencia en España: otras recomendaciones

Otras recomendaciones que ofrece el informe “La dependencia en España. Una contingencia del siglo XXI” son:

  • Impulsar los planes de pensiones promovidos por empresas en favor de sus empleados, mediante la generalización de los programas de adscripción por defecto que se han desarrollado en otros países europeos, como en Reino Unido.
  • Garantía de la profesionalización, estandarización y accesibilidad de los servicios de cuidados de larga duración, tanto los ofrecidos por los servicios públicos, como por los privados. Los cambios demográficos auguran una progresiva reducción de los cuidados informales proporcionados por la red familiar de la persona dependiente.
  • Necesidad de desarrollar una instancia potente, deseablemente público-privada, para el impulso de la I+D+i alrededor de la protección contra la dependencia, enfatizando tanto los aspectos financieros como los referidos a la mejor oferta posible de cuidados, tecnologías, equipos e instalaciones y, muy importante, la formación de los cuidadores, tanto formales como informales.
  • Situar la educación financiera en el debate político. Una población más y mejor informada y mayores capacidades y habilidades financieras.
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