José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, escribe un artículo en el que analiza el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno estudia para proteger a las familias más vulnerables afectadas por el Covid-19.
Según diversos organismos internacionales, España tiene un importante problema de familias en riesgo de pobreza, y lo que es más preocupante, si cabe, tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de los países industrializados. Y, por lo tanto, es acertada la necesidad de la lucha contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas mientras encuentran trabajo.
Además, España no dispone de un programa de rentas de último recurso potente para luchar contra la pobreza y es precisamente este programa el que falta para completar nuestro Estado del Bienestar. Este programa, si es capaz de reducir la pobreza infantil sería clave también para avanzar en la igualdad de oportunidades pues sabemos que los niños en hogares pobres o marginales están abocados normalmente al abandono escolar temprano.
Ingreso Mínimo Vital: heterogeneidad regional
El principal problema es que estas transferencias de último recurso se han dejado en manos de las CCAA (incluso ayuntamientos), pues son ellas las que tienen las competencias en asuntos sociales.
Un análisis detallando de este tipo de programas de rentas mínimas regionales nos muestra que son muy heterogéneas tanto en la cuantía como en la cobertura. En cuanto a la cuantía, van de los 300 euros mensuales en Murcia o Ceuta, hasta los más de 700 euros mensuales en el País Vasco o en Navarra.
En cuanto a la cobertura, para determinar los colectivos con derecho a las mismas, también usan distintas rentas de referencia (ocho comunidades usan el IPREM, tres comunidades, el SMI, y otra ha creado una renta de referencia nueva, como Cataluña).
Y para añadir una mayor heterogeneidad regional, las CCAA usan distintos porcentajes sobre sus rentas de referencia (que van desde 62% al 100%).
Como todo el mundo puede entender, el principal escollo para diseñar un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente es la necesidad de diseñarlo conjuntamente con las CCAA y su maraña de rentas mínimas de inserción.
Diseño eficiente del Ingreso Mínimo Vital
En mi opinión, el diseño más eficiente consistiría en crear una garantía de rentas mínima a nivel estatal (que iguale en un mínimo a todas las CCAA) buscando la armonización con los sistemas de rentas de inserción ya existentes.
En este sentido, se debería garantizar un mínimo común por parte del Estado, cofinanciado por las CCAA y que aquellas comunidades, que así lo deseen, complementen sobre este mínimo garantizado.
Un diseño inverso, es decir, donde el Estado complemente por arriba los programas de renta regionales, aunque políticamente pueda resultar más fácil de sacar adelante, sería un completo desastre. El motivo es que se generarían grandes desincentivos por parte de las CCAA a dedicar recursos a sus rentas de inserción, dado que el Estado Central (o la Seguridad Social), al haber asumido la obligación de complementar, acabaría pagando el máximo, deshaciendo la necesaria corresponsabilidad fiscal que requiere una gestión eficiente de los recursos.
En definitiva, todo el mundo entiende que el diseño eficiente de un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente requiere negociar bien con las CCAA y esto requiere tiempo. Un tiempo del que, por desgracia, muchas familias vulnerables ya no disponen.
Las medidas laborales y sociales de España a los colectivos más vulnerables por la crisis del Covid-19 se están centrando excesivamente en hacer una evaluación ex ante de los potenciales beneficiarios:
- Para los trabajadores indefinidos, los ERTEs (70% de la base reguladora)
- Para los trabajadores temporales, un subsidio de desempleo excepcional (80% del IPREM)
- Para las empleadas del hogar, otro subsidio extraordinario para (70% de la base reguladora)
- Para los autónomos, una nueva prestación por cese de actividad (70% de la base mínima de cotización)
- Para las familias vulnerables, innumerables medidas que van desde el aseguramiento de los suministros básicos (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), un bono social, moratoria pago de las cuotas de hipotecas, apoyo a inquilinos vulnerables, etc.
Ingreso Mínimo Vital permanente vs temporal
Un diseño de medidas que requiere una evaluación ex ante exhaustiva, como sería el caso de un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente, tiene la virtud de que permite que los recursos lleguen únicamente a quien los necesita. Pero tiene dos problemas que pueden resultar claves en esta situación generada por el Covid-19:
- Requiere mucha burocracia y papeleo con la consiguiente congestión, que hace que se retrase que la ayuda llegue a los beneficiarios.
- Es más fácil dejarte fuera a colectivos vulnerables con características que no se ajusten a los requisitos pensados inicialmente en los distintos programas.
Aquí podemos encontrarnos, desde trabajadores de la economía sumergida que están fuera del radar, a parados de larga duración cuya probabilidad de que encuentren un empleo es ahora más baja que nunca o a trabajadores que iban a ser contratados para la campaña turística veraniega y que ya no lo van a ser. Para estos últimos su vulnerabilidad no es que se les haya despedido o no se les ha renovado su contrato por culpa del Covid-19, sino que ya este año probablemente no se les va a contratar.
En este momento resulta prioritario que las ayudas lleguen a los más necesitados cuanto antes y sin dejar a nadie atrás, y para conseguirlo creo que es necesario implementar un programa de ingreso mínimo de forma temporal, y con dos requisitos:
- Tiene que ser un programa transparente, muy ágil en la concesión de las ayudas, pero con un estricto control ex post,en el sentido de que aquellos que perciban la prestación sin tener derecho a ella (aprovechado el poco control ex ante) tengan la obligación de devolverla íntegramente (para esto la Agencia Tributaria es imbatible).
- Debe tener incentivos al empleo, en el sentido de que: si una persona, estando recibiendo la nueva prestación, recibe una oferta de empleo, no pierda toda prestación, sino que pueda percibir al menos un porcentaje de la misma a la vez que el nuevo salario.
En definitiva, España necesita implementar un Ingreso Mínimo Vital de carácter indefinido que defina una renta de último recurso y complete nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, creo que diseñarlo e implementarlo en mitad de una pandemia no es el momento adecuado por varios motivos.
En primer lugar, los tiempos no son los mismos y la situación de emergencia de muchas familias requiere que se implemente una renta de emergencia a la máxima rapidez posible, y en este sentido esta renta de emergencia ya está llegando tarde. Negociar de urgencia un programa permanente con las CCAA o bien llegará tarde o bien se diseñará despilfarrando recursos.
En segundo lugar, los colectivos vulnerables o en riesgo de pobreza no son los mismos ahora que una vez volvamos a la normalidad.
En tercer lugar, en mitad de una negociación europea para conseguir algún tipo de mutualización de riesgos fiscales o de reparto de los fondos de reconstrucción no parece el momento de aumentar el gasto de forma estructural.
En este sentido, lo razonable en estos momentos sería la introducción de un Ingreso Mínimo Vital de carácter temporal específico para el Covid-19, que sirva de puente o de laboratorio a lo que sería un Ingreso Mínimo de carácter indefinido.
