En “Conversaciones para una sociedad de transformación”, el director de Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, charla con Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), para analizar la última reforma sobre su base de cotización y abordar la previsión social en este colectivo.
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¿Cuál es la radiografía de los trabajadores autónomos en España hoy en día?
El mundo de los autónomos es difícil en cualquier sitio, pero en España lo es especialmente por dos cosas, porque es un colectivo muy poco comprendido, es una figura híbrida entre el empresario y el trabajador que desde las instituciones siempre les ha sido muy difícil entenderlo y, por tanto, muchas veces o bien se les olvida que existen o bien legislan sin tenerlos en cuenta, lo que al final siempre les suele perjudicar. Por ejemplo, simplemente el hecho de incluir un beneficio para un demandante de empleo hace que directamente los descarten, puesto que ellos no llegan a ser demandantes de empleo, no puede mantener un trabajo al mismo tiempo que son demandantes. Otra característica es que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha sido siempre un poco cajón de sastre, es decir, es un colectivo muy heterogéneo. Es decir, tenemos desde notarios, abogados, taxistas, transportistas, comerciantes, agricultores… Es un poco una amalgama de colectivos de todo lo que no es asalariado y eso hace que sea un régimen muy difícil sobre el que ejercer cualquier tipo de cambio normativo.
¿Cuál es su situación económica?
El colectivo tiene una vulnerabilidad financiera y económica mucho más marcada debido a su dimensión y, sobre todo, a tener que hacer frente a una Administración generalmente gigantesca cuyos trámites afrontan trabas administrativas que hacen que su labor sea muy difícil. Son lo que nosotros llamamos los hombres orquesta o mujeres orquesta que tienen que saber hacer de todo y al final están más pendientes de responder a la propia Administración y a los requerimientos que se les hace, que de lo que debería ser su función número uno, que es vender.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, entre la pandemia, que evidentemente les afectó de forma muy especial, precisamente por esa vulnerabilidad, y después, por la crisis inflacionista, debido a la guerra en Ucrania, etcétera, lo que ha pasado es que el aumento de costes ha puesto a muchos en una situación muy precaria. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido detectando es que ha aumentado su facturación en un 11% y los costes, de media, dependiendo del perfil de autónomo han aumentado desde el 30% hasta el 37%, con lo cual muchos de ellos están trabajando a pérdidas.
Es una reforma histórica y, especialmente estructural. Hasta ahora, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos consistía básicamente en que se establecía una base mínima de cotización y una base máxima y se podía elegir euro la base por la que queríamos cotizar, independientemente de si ganásemos más o menos. Claro, desde un punto de vista, si nos vamos a algo racional, diríamos que no tiene sentido que quienes ganen menos no paguen menos y quien ganen más no paguen más, porque al final lo que pasaba es que el 84% se iba a la base mínima de cotización. Desde hace años, desde ATA reiteradamente veníamos demandando una vinculación mayor entre lo que cotizaba el autónomo con respecto a lo que ingresaba. El problema es que había problemas técnicos graves para poder llevar a cabo esta reforma, entre ellos, algo que es bastante inexplicable, que es el hecho de que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria no se comunicaban entre ellos. Y, al final, el concepto de ingresos reales de los autónomos debía obligatoriamente estar definido desde el punto de vista fiscal. Con lo cual ha habido que hacer un trabajo ingente de cruce de datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para poder llevar a cabo esta reforma.
Esta reforma es un sistema prácticamente de prueba. ¿Por qué? Porque hay una complejidad técnica enorme. Al final, lo que se trata es que el autónomo, como tiene incertidumbre en los ingresos, es decir, un autónomo no sabe si el mes siguiente le van a pagar los clientes, no sabe si va a tener más o menos actividad, no lo sabe. Entonces, hacer una previsión de lo que se va a ganar cuando cada mes es distinto y puede que a lo mejor nos pasemos dos meses sin ingresar nada, pues evidentemente supone un reto. El sistema básicamente se fija en los siguientes parámetros. Uno: el autónomo tiene que hacer una previsión de ingresos y sobre esa previsión de ingresos establecer una fórmula que al final es rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos, más cotizaciones a la Seguridad Social anuales. Dos: aplicamos un índice corrector en función de la estructura de gasto que es la que define su protección social. Es decir, si dos fotógrafos o dos cámaras, uno que tenga un local va a tener más capacidad de deducibilidad, es decir, va a tener un rendimiento neto inferior que aquel que no tiene local. El que tenga menos rendimiento neto va a pagar menos en cotización, estará menos protegido, y el que tenga más rendimiento neto, tenga más gasto, estará más protegido. No tiene mucho sentido si lo que estamos hablando realmente es de protección social. Entonces ahí se establece un índice corrector: un 7% para el caso de persona física y un 3% para los societarios. ¿Por qué? Porque se da por hecho que un societario tiene capacidad de mayor deducibilidad a través de la propia sociedad. Eso digamos que es la fórmula genérica, lo mensualizamos, sacamos el promedio, y luego podemos cambiar hasta seis veces de base de cotización durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que colocarnos en una tabla de 15 tramos. Y eso nos va a dar una base mínima y máxima dentro del propio tramo que nos va a establecer cuál será la cuota.
Es un sistema tan complejo que vamos a ver cómo funciona. En un principio lo que se quería era fijarlo a nueve años, pero dijimos vamos a ver primero como rueda, porque es realmente es muy complejo, estamos hablando del primer sistema de recaudación conjunta entre dos administraciones de una entidad como es la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que tienen que comunicarse entre ellas, porque una vez finalizada la campaña de renta entre octubre y noviembre, en función de cuándo el autónomo haya presentado esa campaña de renta se pasará a una regularización, por si ha sobrecotizado o infracotizado. Entonces, si nos hemos salido del tramo, podemos estar jugando durante el año para intentar no salirnos de ese promedio, ir ajustándolo, y si nos hemos salido del tramo, nos regularizarán. En ese momento, la Agencia Tributaria y las haciendas forales comunican a la Tesorería General de la Seguridad Social lo que ellos ven que realmente es su rendimiento computable a efectos de cotización y la Tesorería General pasa a regularizar a aquellos que se han equivocado. Con una excepción que es muy importante que yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros: todos aquellos autónomos que a 31 de diciembre de 2022 viniesen cotizando por bases superiores a la base mínima y que, además, estuviesen cotizando por encima de lo que son esos rendimientos van a poder mantener su base. ¿Por qué? Porque es evidente que, viniendo de un antiguo sistema, lo que no vamos a hacer es perjudicar a aquellos autónomos que en su previsión social ya estaban cotizando más en los últimos años.
¿Qué pasa con el resto de colectivos?
Hay otros dos colectivos, los familiares, colaboradores que tienen rendimientos cero porque los rendimientos vienen del del autónomo principal, y los societarios, porque existen rendimientos negativos, entonces ahí lo que se ha establecido es una base mínima de 1.000 euros que todos los años en Presupuestos Generales del Estado se irá fijando con el objetivo que nos equiparemos al salario mínimo, que ahora seguimos teniendo una base mínima por debajo del salario mínimo interprofesional. Y, sobre todo, que se vaya incrementando.
Y luego este sistema, sobre todo para lo que va a valer, desde mi punto de vista es también para depurar el RETA, porque ni son todos los que son, ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque el RETA se ha usado por algunos colectivos que tenían que haber estado en convenios especiales con la Seguridad Social para acceder a una pensión, y eso lo vemos especialmente porque 2/3 de los autónomos declaran rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Y hay una parte muy importante, casi un 50%, la mitad de los autónomos, que declara rendimientos por debajo €670 mensuales. Eso, cuando lo desglosamos, lo que vemos es que hay ciertos colectivos que prácticamente no tienen actividad económica y coincide mucho con mujeres del sector agrario de más de 55 años, que efectivamente están buscando o bien complementar unos años de cotización para poder acceder a una pensión y declarar unos rendimientos muy pequeños porque realmente no tienen actividad económica, pero sí necesitan acceder a la protección social.
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