El siguiente estudio de la AIReF comienza analizando las políticas de rentas que actualmente hay en España, teniendo en cuenta los programas y ayudas ya en funcionamiento, a nivel estatal, autonómico y local. El principal motivo de estas ayudas es la pobreza y el desequilibrio de la renta, eliminando la exclusión social que sufren los más desafortunados.
Durante el documento, se aborda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que el Parlamento de España se basó para instaurar una prestación mínima de ingresos, siendo su razón de ser reducir la pobreza, gracias a lo que se han descubierto ciertas debilidades, en cuanto a su eficacia, institucionalidad y eficiencia. Este sistema de prestaciones mínimas difiere en los distintos territorios del país, siendo dichas rentas mínimas de las CCAA el principal parámetro frente al riesgo de pobreza. Permite reducir un 4,2% la desigualdad que existe en la distribución de la renta y un 27,6% de la pobreza severa, que podría ser mayor de no ser por los requisitos para acceder a dicha ayuda: estar inscrito continuamente como demandante de empleo durante los 12 meses anterior a la solicitud de la prestación. También es un freno para ayudar a los colectivos más afectados la combinación de límites de renta individuales con límites de renta por hogar. La recuperación económica no se hace presente en muchas familias de España, donde sigue sin existir una prestación para luchar contra la pobreza como ocurre en la mayoría de países de Europa.
La AIReF plantea un estudio con dos soluciones para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, asignando una prestación no contributiva dentro de la Seguridad Social que podría ser complementada por las comunidades autónomas y cuyo objetivo sería siempre reducir la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, centrando la prestación en el colectivo de parados de larga duración.