- El cuidado informal (las familias o cuidadores no profesionales) juega un papel clave en España. El 49% de la población mayor de 65 años recibe solamente atención informal, el 27% atención formal, el 10% recibe tanto atención formal como informal y el 14% recibe atención en residencias.
- Los cuidadores no profesionales son en su mayoría mujeres (60%) y de mediana edad, entre 40 y 59 años (54%).
- España es el país de Europa con mayor esperanza de vida, lo que hace urgente trabajar una hoja de ruta para mejorar los cuidados a largo plazo.
El INSTITUTO SANTALUCÍA, plataforma de investigación y debate del GRUPO SANTALUCÍA, ha publicado el informe “El Sistema de la dependencia en España”, un análisis completo sobre cómo se financia, organiza y ha evolucionado el sistema de la dependencia en nuestro país, tras la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, que dio origen al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que universalizó la cobertura de las subvenciones y apoyos a los cuidados, permitiendo el acceso a los cuidados condicionado únicamente a la valoración de las necesidades de los individuos. El informe, elaborado por Sergi Jiménez-Martín, Investigador de FEDEA y Catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra; y Analía Andrea Viola, investigadora de FEDEA, ofrece, también, recomendaciones sobre la dirección que debería tomar esta prioridad social.
Según el informe, la mayoría de las personas que brindan ayuda a mayores de 65 años son las familias o cuidadores no profesionales, en un 81%. Un colectivo predominantemente femenino (60%) y en su mayoría de mediana edad (entre 40 y 59 años), constituye en España el pilar central del sistema de apoyo para las personas mayores con necesidades de atención. Su ayuda en el hogar de manera informal en las actividades básicas de la vida diaria como comer, bañarse, vestirse, acostarse y levantarse de la cama, entre otras tareas, supone dedicar entre 56 y 70 horas semanales de cuidado.
En cuanto a la financiación de estos cuidados de larga duración, se recoge en este informe que el sistema se financia principalmente de las aportaciones de las comunidades autónomas (51%), de la contribución a nivel nacional en un 15% y del aporte de los usuarios a través de los copagos en un 21%.
En cuanto al presupuesto, después de una década de estancamiento, en 2022, el presupuesto de cuidados de larga duración aumentó hasta los 2.902 millones de euros, un 23,3% más que en 2021 y el doble que en 2018. Lo que refleja un incremento considerable de recursos.
El gasto en cuidados de larga duración representa el 8,7% del gasto total en sanidad (año 2021) y se divide en atención institucional, atención en hospitalización de día y atención domiciliaria. El Informe refleja que el gasto en atención hospitalaria fue descendiendo lentamente de un 74% en 2003 a un 64% en 2021. Por otra parte, el gasto en atención domiciliaria ha ido aumentando hasta alcanzar el 25% en 2021 (versus el 18% en 2003). En cuanto al gasto en hospitalización de día se ha mantenido más estable, representando entre 10%-11%, en la actualidad.
El SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) comenzó atendiendo a los dependientes más severos para luego gradualmente incorporar a los dependientes moderados que, debido a crisis financiera y los recortes presupuestarios de 2012, se integraron en 2015 provocando un incremento masivo (33%) en la lista de espera de beneficiarios. Sin embargo, la reducción de la lista de espera del SAAD ha sido notable en estos años, entre 2009 y 2022, que se ha reducido hasta 177.423 personas a diciembre 2022, un 53% por debajo del pico máximo registrado en diciembre de 2015 (385.000 personas) y, por tanto, se avanza en la línea correcta.
A pesar de la reciente mejora tanto en el presupuesto destinado a dependencia como a la reducción de la lista de espera, los autores destacan algunas recomendaciones sobre la dirección que debería tomar el sistema en su conjunto.
- Posibilitar una mayor oferta de servicios para liberar a los cuidadores no profesionales (mayoritariamente las hijas y parejas de los dependientes), permitiéndoles incorporarse al mercado de trabajo.
- Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a prestaciones.
- Avanzar en una posible evaluación y valoración del SAAD por parte de los ciudadanos para saber su opinión sobre los servicios ofrecidos, su calidad y cantidad. Algo similar a lo publicado con el Barómetro Sanitario respecto al sistema sanitario que permita medir la satisfacción de los usuarios con el sistema de dependencia.
- Eliminar o, al menos, disminuir, la incertidumbre financiera que sufren las regiones, a través de la diversificación de las fuentes de financiación, planteando una combinación entre financiación pública estable, vía impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), complementada con financiación privada derivada de la promoción del aseguramiento privado de los individuos.
- Avanzar hacia un modelo de atención residencial más personalizado y facilitando la convivencia de mayores activos en el seno de pequeñas comunidades.
- Profesionalizar la fuerza de trabajo y mejorar sus condiciones laborales.
- Progresar en la coordinación efectiva entre atención sanitaria y atención a la dependencia, evitando el uso de la una para atender problemas propios de la otra.
- Dada la disímil provisión regional, poder garantizar un mínimo de atención para todos los ciudadanos, que evite o reduzca significativamente las diferencias de cobertura a nivel regional.
En palabras de José Manuel Jiménez, Director del INSTITUTO SANTALUCÍA: “En los últimos años, el SAAD ha mejorado considerablemente, sobre todo por la reducción de las listas de espera y el sostenido aumento del presupuesto de dependencia. Este informe pretende visibilizar la evolución del sistema de atención a las personas dependientes en España y los recursos que se destinan a la misma. Debemos tener presente que somos uno de los países más longevos del mundo y este valor como sociedad requiere que los cuidados a largo plazo sean una prioridad en el sistema socio sanitario al ser un beneficio que, de un modo u otro, repercute en todos”.
