Instituto Santalucía publica el informe “La reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023”, que ofrece un análisis pormenorizado del contexto de envejecimiento poblacional al que se enfrenta España, las consecuencias que está teniendo en el seno del sistema público de pensiones español y las medidas aplicadas por el Gobierno en los últimos años.
El INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión y debate del GRUPO SANTALUCÍA, ha publicado su nuevo informe “La reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023”. El documento ofrece una visión detallada de las últimas reformas del Sistema Público de Pensiones en España y su posible evolución a lo largo de los próximos años.
Este informe ha sido desarrollado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea, quien realiza, no solo un análisis del contenido y los posibles efectos de las medidas de las nuevas reformas del Sistema Público de Pensiones español, sino también una contextualización de cómo el sistema se enfrenta a un reto mayúsculo derivado del intenso proceso de envejecimiento, provocado por la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre 1957-77).
Las nuevas reformas se apoyan en un fuerte crecimiento del gasto con la obligación de buscar nuevos ingresos, o en su defecto, la emisión de deuda pública.
El informe indica que la reforma de 2013 contaba con estabilizadores automáticos que permitían configurar un Sistema Público de Pensiones sostenible financieramente mediante una combinación equilibrada de suficiencia de las prestaciones y equidad personal y entre generaciones. El equilibrio se podía lograr de forma transparente con diferentes combinaciones de medidas de ingresos y de gasto, acomodadas a las preferencias elegidas por la sociedad.
La derogación de la reforma de 2013 y las medidas adoptadas desde 2019 implican un cambio drástico del planteamiento aplicado desde la firma del Pacto de Toledo (1995), asumiendo un muy importante aumento del gasto (desde 12,3% en 2019 a uno en torno al 16,5% del PIB en 2050) para mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada, y garantizar su poder adquisitivo durante la vida del perceptor, buscando para ello los ingresos necesarios para sostenerlo.
El actual episodio inflacionario está demostrando el fuerte impacto que tiene sobre el gasto presente y futuro (15.000 millones iniciales en 2023 que crecen exponencialmente con el tiempo), además de la injusta distribución de los esfuerzos entre la población al proteger exclusivamente al colectivo de pensionistas de un choque generado desde el exterior y que va a empobrecer al resto de la sociedad.
La opción elegida implica que las pensiones absorberán cada vez más presupuesto, reduciendo cuando no eliminando, la posibilidad de utilizar recursos públicos en otras políticas de gasto, incluso las dirigidas al mismo colectivo de personas mayores (sanidad, dependencia o vivienda). Una situación de las cuentas públicas ya complicada a la vista del déficit estructural de partida del 3,3% del PIB en 2022, que podría llegar al 7% en 2050 según la AIReF, si no se aplican medidas correctoras.
El sistema de pensiones pierde contributividad al incluir cada vez mayores transferencias de la Administración General del Estado sin contar con una mínima metodología que permita objetivar los conceptos a considerar como gastos impropios. El sistema, si bien reduce el actual exceso actuarial, pierde en equidad personal con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, al exigir a los trabajadores una mayor aportación para conseguir, en el mejor de los casos, una prestación anual como la actual.
El Informe “La reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023” se remonta desde las reformas acontecidas en 2011 y 2013, hasta su derogación con las nuevas medidas de 2019 y que han ido evolucionando hasta la actual reforma, aún pendientes de tramitar. En palabras de José Manuel Jiménez Rodríguez, Director del INSTITUTO SANTALUCÍA, “es un documento imprescindible que ayuda a entender la problemática de la pirámide poblacional en España, la importancia de mantener la sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones, y la urgencia por desarrollar una metodología que garantice la equidad y justa aportación entre las generaciones jóvenes y las mayores.”
