La OCDE ha publicado su informe anual “Pensions Outlook 2016” –“Perspectivas de Pensiones 2016”–. Los sistemas de pensiones de los países forman parte de esta organización aún se centran en los retos planteados por el envejecimiento de la población, la crisis financiera y económica y el entorno económico de bajo crecimiento y bajas tasas de interés. Ante esta situación, la OCDE plantea diferentes perspectivas y desafíos y establece cómo los sistemas de pensiones responden a esos retos. Aquí recogemos las principales conclusiones extraídas del estudio, que ofrecemos íntegro en la parte inferior de este artículo:
1. La importancia de los planes individuales
La naturaleza del suministro de pensiones privadas financiadas está cambiando: aumenta la importancia de los planes de aportación definida (AD) y los planes de pensiones individuales. La OCDE afirma que los retos afrontados por los sistemas de pensiones provocaron reformas que aumentaron la diversidad de los planes respectivos en todos los países y la importancia de aquellos en los que las prestaciones de pensiones son respaldadas por bienes, en especial de tipo AD, y las prestaciones se vinculan con el valor de los bienes acumulados. Los planes de pensión AD ofrecen un vínculo claro y directo entre aportaciones y prestaciones, pero dejan los riesgos (por ejemplo, inversión y longevidad) en manos de las personas y las hacen más responsables de gestionar su jubilación.
Para comprender estos cambios en el panorama y distinguir entre diferentes planes de pensiones, la OCDE afirma que es fundamental analizar sus características: si son obligatorios, la manera cómo se financian las prestaciones de pensiones, quién las gestiona, la función del empleador, el vínculo entre aportaciones y prestaciones, y quién asume los riesgos.
En este estudio, la OCDE aborda el contexto de política pública de estos cambios y concluye que coinciden con las principales sugerencias realizadas por la organización con respecto a la diversificación de las fuentes de financiación para la jubilación y la función complementaria de las pensiones financiadas. El peso creciente de los planes de AD implica que es imperativo mejorar su diseño de acuerdo con la “OECD Roadmap for the Good Design of DC Pension Plans”, un informe de la organización que define la hoja de ruta para el buen diseño de los Planes de Pensión AD.
2. Reglas fiscales directas y sencillas
En la mayoría de los países de la OCDE, el tratamiento fiscal de los ahorros para la jubilación brinda una ventaja fiscal cuando las personas ahorran para este fin.
El informe “OECD Pensions Outlook 2016” afirma que la mayoría de los países cuentan con un tratamiento fiscal preferencial de ahorros para la jubilación para alentar a las personas a ahorrar para la jubilación. Calcular el monto que una persona ahorraría en impuestos pagados al aportar a un plan privado de pensión en vez de invertir la misma cantidad en un vehículo de ahorro alternativo sugiere que el tratamiento fiscal de ahorro para la jubilación ciertamente ofrece una ventaja fiscal. Sin embargo, el tamaño de la ventaja fiscal general varía en un país y otro.
Según la OCDE, los subsidios a tasa fija y las aportaciones equivalentes pueden usarse para dirigir las ventajas fiscales a personas de ingresos bajos o para nivelar la ventaja fiscal a lo largo de la escala de ingresos. Las ventajas fiscales pueden alentar a las personas a ahorrar durante periodos más largos, pero no necesariamente a ahorrar más. A juicio de OCDE, las reglas fiscales directas y sencillas pueden aumentar la confianza de las personas y ayudar a incrementar la participación en planes privados de pensión y sus aportaciones a estos.
3. Proteger al consumidor
Es necesario que los responsables de la formulación de política pública reciban la asesoría financiera adecuada sobre jubilación.
El informe resalta que se requiere tomar medidas para resolver los conflictos de interés de los asesores financieros y para garantizar que los consumidores reciban asesoría financiera para la jubilación que sea adecuada para sus necesidades. Sin embargo, estas medidas podrían provocar una brecha en el campo del asesoramiento, reduciendo su disponibilidad y aumentando sus costes, haciéndolo menos asequible, en particular para los consumidores con un patrimonio para la jubilación de nivel bajo a moderado. Según OCDE, la asesoría basada en la tecnología puede aumentar la accesibilidad de la asesoría y superar los prejuicios en la conducta de los asesores. No obstante, la organización insiste en que quien formula las políticas públicas tendrán que garantizar que se cuenta con regulaciones para ofrecer el mismo nivel de protección al consumidor.
4. Adecuación al consumidor de los productos de pensión vitalicia
Es necesario que quien formula la política pública garantice la sostenibilidad de los productos de pensión vitalicia y su conveniencia para los consumidores”
La OCDE afirma que los productos de pensión vitalicia pueden desempeñar una función importante para ayudar a las personas a mitigar riesgos de inversión y longevidad. No obstante, estos productos y sus garantías relacionadas plantean retos. La falta de concordancia respecto a lo que se quiere decir con producto de pensión vitalicia y la terminología utilizada para describir los diferentes tipos de productos, requiere definir un lenguaje común. Se requiere un marco coherente para adaptarse y alentar el uso de productos de pensión vitalicia. Sin embargo, una mayor complejidad de los productos destaca la necesidad de contar con asesoría financiera adecuada y explicaciones comprensibles de estos para asegurar que los consumidores adquieran productos adecuados para sus necesidades. El marco regulatorio deberá poner en practica herramientas para gestionar el riesgo y los instrumentos para hacerlo, con el fin de estimular la gestión apropiada de riesgos por parte de los proveedores de la pensión vitalicia. Los enfoques basados en principios son más convenientes que las fórmulas fijas, ya que permiten que los requerimientos de capital se adapten a diseños de productos en proceso de cambio, garantizando suficiente capital para respaldar las obligaciones de pensión vitalicia y garantizar su sostenibilidad.
5. Más educación financiera
La educación financiera bien diseñada puede mejorar los conocimientos financieros, las actitudes y las capacidades para la jubilación y puede ayudar a la toma de decisiones. La escasa formación financiera plantea varios retos, afirma la OCDE, pues las personas son cada vez más responsables de manejar su propio patrimonio para la jubilación. Ven necesario implantar iniciativas de formación financiera a este respecto, tomando en cuenta las circunstancias nacionales y la magnitud de los retos de planificación del retiro debido a las características de los diferentes sistemas nacionales de pensiones y del entorno financiero.
El estudio afirma que los gobiernos y otras partes interesadas tendrán que asegurarse de brindar información sobre sistemas de pensiones, reformas de pensiones y planes privados de pensiones que sea accesible y clara y no resulte abrumadora para el usuario. La información sobre costos, desempeño, calidad del servicio, asignación de la inversión y nivel de riesgo debe ser comparable y normalizada. Aquella relativa a todos los planes de pensiones de una persona deberán combinarse y las declaraciones de pensiones, complementarse con calculadoras o simuladores para optimizar su impacto. Es preciso contar con estrategias nacionales de formación financiera para garantizar que las personas puedan adquirir competencias financieras generales. Además, se cuenta con herramientas prácticas para los responsables de formular políticas, como una matriz de necesidades de formación financiera y herramientas prácticas para apoyar la toma de decisiones sobre jubilación y una lista de verificación.
6. Homologar los sistemas entre el sector público y privado
La mayoría de los países de la OCDE han trabajado en homologar los sistemas de pensiones para servidores públicos y trabajadores del sector privado”. En la mitad de los países de la OCDE, revela el estudio que las promesas de pensiones futuras de los funcionarios públicos, medidas en términos de las tasas de reemplazo, son 20 puntos porcentuales más altas para una carrera profesional completa que las del sector privado. Entre estos países se encuentran Alemania, Bélgica, Corea y Francia, los cuales mantienen sistemas de pensiones separados por sector.
En otra cuarta parte de los países de la OCDE, que han homologado sus sistemas de pensiones desde la década de 1990, se opera con costos heredados. Afirman que un marco integrado de pensiones que cubra a todos los trabajadores por igual puede rendir beneficios en varias dimensiones.
Por el lado del capital, es difícil argumentar hoy para la OCDE que los funcionarios o trabajadores del sector público requieren una mayor sustitución de ingresos en la jubilación que sus homólogos del sector privado. Por el lado de la eficiencia, hay importantes economías de escala al gestionar sistemas unificados de pensiones, por ejemplo, en recaudación de aportaciones, mantenimiento de registros y pago de prestaciones. Además, la OCDE afirma que restringir la movilidad laboral en los distintos sectores (por ejemplo, periodos consolidados o portabilidad limitada) resulta ineficiente, instaura rigideces en la gestión de la carrera profesional individual y restringe la capacidad de los trabajadores de adaptarse a cambios sectoriales y a nuevas oportunidades de empleo. A su juicio, un plan de pensiones común facilitaría estas elecciones, así como la movilidad laboral.
Informe completo
El informe “OECD Pensions Outlook 2016” está disponible aquí.
