El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, recupera esta efeméride que este año ha pasado desapercibida por la irrupción en nuestras vidas del COVID-19.
El pasado 6 de abril se cumplían 25 años desde de la aprobación en el Congreso de los Diputados del documento denominado “análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Nacía así el conocido como Pacto de Toledo, por la ciudad en donde se alcanzaron los acuerdos entre todos los grupos parlamentarios.
En la situación actual de crisis sanitaria sin precedentes y principio de una crisis económica incierta, esta fecha ha pasado ligeramente desapercibida, pero es muy importante resaltarla por su relevancia en el pasado y el futuro de la sostenibilidad del sistema de pensiones en España.
Así lo hizo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y su predecesora y hoy presidenta de la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Magdalena Valerio, que emplazaron a todos los grupos políticos a celebrar los 25 años del Pacto de Toledo con otro gran acuerdo en materia de pensiones.
Porque lo importante de estos pactos fue el gran acuerdo que tenía como objetivo el de aportar soluciones para los problemas a los que se enfrentan las pensiones públicas, tratando de evitar que la sostenibilidad del sistema acabara formando parte de debates partidistas y logrando acuerdos mediante consenso.
En estos últimos días, las autoridades económicas independientes, Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), han lanzado diferentes mensajes analizando el futuro escenario económico, así como diferentes fórmulas para poder afrontarlo. La opinión del Banco de España en este sentido sería:
- En una fase actual de contención del impacto económico de la crisis, la política fiscal es la herramienta más adecuada como primera línea de defensa. Además, desde el punto de vista de la equidad, parece razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa.
- La política monetaria debe operar también de manera enérgica para garantizar a los distintos agentes económicos unas condiciones de financiación y liquidez adecuadas.
- Las políticas micro y macroprudencial del sistema financiero deben actuar para garantizar un adecuado flujo de crédito a la economía y, a la vez, preservar la estabilidad financiera del sistema
- Se debería crear un mecanismo europeo de mutualización de recursos presupuestarios que facilite la financiación del gasto público que ha surgido como consecuencia de la pandemia.
- Todo este impulso presupuestario en la actualidad debe venir de la mano de una estrategia clara de saneamiento de las cuentas públicas, que a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, permita sanear las finanzas públicas, así como un programa de reformas estructurales que eleve la capacidad de crecimiento económico.
Y en este último punto de las reformas estructurales es donde tiene que ahondar el Pacto de Toledo. Antes de la crisis sanitaria, ya existía un creciente déficit estructural de la Seguridad Social causado por el envejecimiento de la población que estaba poniendo cada vez más presión sobre el sistema de pensiones.
En la situación actual tenemos que pensar a corto plazo para que nadie se quede atrás, para proteger a los más desfavorecidos, pero con una visión a medio plazo de saneamiento de las cuentas públicas aprovechando para realizar las reformas estructurales que necesita nuestra economía para ser competitiva en el futuro. Y la fórmula más adecuada que existe para ello es que sean reformas duraderas. En este sentido, El pacto de Toledo debe adaptarse a un contexto demográfico, social y económico, completamente diferente al de 1995, pero donde el consenso sigue cobrando la misma importancia para lograr conseguir que nuestras pensiones sean sostenibles y suficientes a lo largo de los próximos años.
