El Foro de Expertos del Instituto Santalucía presenta un nuevo documento de conclusiones tras la reunión mantenida el 8 de marzo de 2023 y después de haber analizado el borrador del Real Decreto Ley sobre las reformas pendientes del sistema y concluye que la reforma no soluciona el problema de la sostenibilidad a largo plazo.
En informes anteriores, el Foro de Expertos ha instado a buscar un consenso sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, tensionado en buena medida por la creciente longevidad de la población, de una forma que no suponga trasladar el problema a las generaciones más jóvenes.
Sin embargo, este Foro considera que las medidas que se están proponiendo ahora van en detrimento de la equidad tanto inter como intra-generacional y contributiva, y no resuelven el problema de la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Con las medidas propuestas, los costes de mantener la tasa de sustitución y la edad de jubilación recaen sobre los ingresos, especialmente sobre las cotizaciones sociales, con efectos negativos a largo plazo sobre el empleo, los salarios y las pensiones.
Periodo de cómputo
Sobre la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a las nuevas carreras profesionales, que en la reforma se prevé pasar de los 25 a los 29 años, eliminando los dos peores, el Foro de Expertos considera aconsejable aumentar dicho periodo tanto como se pueda, preferentemente a toda la vida laboral, porque esto reforzaría la contributividad y la equidad del sistema.
Por una parte, esta equidad se verá muy mermada con las medidas propuestas, ya que permiten excluir años de bajos ingresos, lo que favorecerá a unos trabajadores frente a otros.
Por otra parte, la medida contribuirá a desestabilizar aún más las cuentas de la Seguridad Social, aumentando el gasto, en lugar de reducirlo, puesto que solo se optará por el periodo de cómputo más largo si esto se traduce en una pensión más elevada.
Bases máximas de cotización
Además, contempla que las medidas pueden generar fuertes distorsiones en el mercado de trabajo y en el sistema productivo. Los incrementos en las cotizaciones sociales sin contraprestación económica hacen que estas pierdan en parte su carácter de salario diferido para convertirse en un impuesto concentrado sobre las rentas salariales de los trabajadores, que se aglutina, además, en un determinado tramo de rentas, de forma que puede generar desincentivos al esfuerzo y a la contratación de talento e introducir distorsiones en el sistema productivo.
El Foro se manifiesta en contra de la propuesta de aumentar las bases máximas de cotización a un ritmo muy superior al de la pensión máxima. En nuestra opinión, ambas variables deberían crecer al mismo ritmo con el fin de preservar la contributividad y la equidad del sistema. De hecho, convendría revisar la normativa actual para evitar que exista un diferencial (en este momento en torno al 20%) entre la base máxima de cotización y la pensión máxima, que convierte una parte de la cotización en un impuesto puro en vez de una compensación diferida para algunos trabajadores.
La propuesta, por el contrario, solo vendrá a incrementar esta brecha con un impacto recaudatorio muy reducido (en torno al 0,15% del PIB) que no contribuirá significativamente a mejorar la sostenibilidad del sistema.
Cuota de solidaridad
Además de este incremento generalizado de las cotizaciones, se establece una nueva “cuota de solidaridad” del 6% para la parte de los salarios que excedan en cada momento la base máxima de cotización.
Esta medida presenta los mismos inconvenientes y limitaciones que la anterior. Como aquella, puede generar un efecto adverso sobre la competitividad de las empresas, desincentivando la contratación de talento, y podría crear incentivos adicionales de cara al traslado del empleo de alta cualificación a otros países con menores cargas sociales.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional
El Foro de Expertos ya consideró que la implementación del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) era un paso atrás en la equidad y contributividad del sistema de pensiones que suponía ir en la dirección equivocada.
En línea con la opinión de la AIReF (2019), las cotizaciones sociales en España ya eran elevadas y superiores a las de los países de nuestro entorno, de manera que “cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, sino únicamente una reconfiguración de las mismas”.
Pese a su nombre, el mecanismo dejaba excesivamente abierta su operación en el futuro, no contribuía en absoluto a la equidad intergeneracional, pues incrementaba la carga fiscal sobre las cohortes más jóvenes en lugar de reducirla, y resultaba claramente insuficiente para compensar los efectos financieros de la supresión del factor de sostenibilidad.
Con los cambios introducidos, se alarga el período en el que se aplica la subida y se introduce un cierto automatismo en la respuesta a (los inevitables) déficits futuros. También se recauda algo más en cotizaciones, lo que aumenta la contribución a la sostenibilidad y reduce la elevada rentabilidad del sistema.
Conclusión
En general, las propuestas del Gobierno renuncian a cualquier intento de control del crecimiento del gasto en pensiones que pueda acercar gradualmente nuestra tasa de sustitución a la de los países de nuestro entorno, al tiempo que se muestran incapaces de introducir medidas suficientes de aumento de ingresos para asegurar el equilibrio del sistema de pensiones. Las que se plantean, además, tienden a generar pocos ingresos, siendo a la vez muy distorsionantes porque se concentran sobre una parte muy pequeña de la masa salarial, y convertirán a España en uno de los países con las cotizaciones sociales más elevadas, con riesgo para nuestra competitividad y capacidad de atracción de actividades de elevado valor añadido.
En definitiva, el Foro de Expertos considera que las reformas no están teniendo en cuenta el problema principal, esto es, que tenemos un sistema de pensiones excesivamente generoso en relación con los recursos estructurales del país, lo que termina poniendo en peligro su propia viabilidad y la equidad intergeneracional.
Dada la actual esperanza de vida tras la jubilación y la evolución esperable en el futuro de esta variable, de los niveles de productividad y ocupación y de la evolución de la población jubilada y en edad de trabajar, las pensiones públicas actuales son más elevadas de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes y previstos de cotización, además de serlo en proporción a lo aportado. Por expresarlo de otra forma equivalente, el sistema ofrece una “rentabilidad implícita” sobre tales cotizaciones muy superior a la que el crecimiento esperable de la masa salarial de la economía española le permite pagar.
Un exceso de generosidad, así definida, no es una virtud, sino un grave problema que amenaza la sostenibilidad del sistema y lastra el crecimiento del empleo y de los salarios.
El sistema público de pensiones debe satisfacer la restricción técnica de equilibrio actuarial. Para corregir este problema de sostenibilidad, es necesaria una reducción gradual y anticipada de la actual tasa de sustitución (el cociente entre la pensión y el salario medios) hasta eliminar el déficit actuarial y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, convergiendo con niveles comparables con los observados en otras economías europeas.
Si se considera necesario suavizar este proceso financiando las medidas necesarias mediante un incremento de las cargas fiscales, esto debería hacerse a través de medidas transparentes que no distorsionen la demanda de trabajo y los incentivos individuales, y cuya carga se distribuya equitativamente sobre el conjunto de la población. A nuestro entender, la mejor forma de hacerlo sería a través de un recargo proporcional sobre la cuota del IRPF.
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