Alerta sobre el envejecimiento de la población y las consecuencias para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Para el año 2050, se estima que la población mayor de 65 años será del 51%.
El Banco de España acaba de lanzar su informe anual de 2018 y es concluyente: o se reforman las pensiones o el sistema será insostenible. Además, pide hacerlo cuanto antes porque la edad media del votante sigue creciendo y será cada vez más difícil hacer ese cambio.
El informe dedica un capítulo entero a las pensiones y en él alerta del impacto que está teniendo el cada vez mayor envejecimiento de nuestra población y cómo este fenómeno implica un aumento pronunciado del gasto público que, de modo notable, comprometen el sistema público de pensiones. El envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida tendrán consecuencias muy profundas sobre las finanzas públicas, advierte el Banco de España. En particular para el sistema de pensiones, salud y dependencia, lo que requerirá la adopción de medidas de calado, en concreto una reforma que deberá asegurar que la financiación de las pensiones de una generación no se haga a expensas de la imposición de una carga excesiva sobre otras.
Y es que al regulador financiero español le preocupa que esas medidas, a su juicio imprescindibles, se dilaten aún más en el tiempo, no solo porque los desafíos al sistema son muchos y constatables, sino también porque la edad media del votante español se sitúa ya en los 43 años, condicionando las decisiones políticas que se tomen y las consecuencias que estas tengan sobre las generaciones más jóvenes, poniendo a prueba la equidad intergeneracional y la sostenibilidad inter temporal del conjunto de ingresos y gastos públicos.
Sistema público de pensiones: sostenibilidad y suficiencia
El informe indica que, para garantizar la sostenibilidad social y financiera del sistema de pensiones, es necesario actuar sobre los ingresos y también sobre los gastos. Según datos recogidos por el Banco de España, la ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación (mayores de 66 años) y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre 2020 y 2050. Por lo que mantener en los próximos años el nivel actual del gasto en pensiones como proporción del PIB, en ausencia de ingresos adicionales, obligaría a aumentar la tasa de empleo o a disminuir la tasa de beneficio.
De esta manera, es importante reconsiderar la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, ya que la sostenibilidad financiera y la suficiencia de las pensiones contributivas de jubilación dependen tanto de su cuantía como de la edad a la que se produce la transición de la vida laboral a la jubilación.
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