El Pacto de Toledo fue suscrito en abril de 1995 con la práctica unanimidad de las distintas representaciones parlamentarias presentes en aquel momento en el Congreso de los Diputados y supuso la reafirmación por las fuerzas políticas españolas de la apuesta, durante los próximos decenios, por un sistema de Seguridad Social solidario y de reparto, basado en las contribuciones de sus beneficiarios y en la separación de las prestaciones de naturaleza contributiva y no contributiva. Se trata de una apuesta en favor de las reformas necesarias en cada momento para garantizar la sostenibilidad del sistema, desde una perspectiva compatible con el reforzamiento de su intensidad protectora, la consolidación de sus políticas convencionales y el despliegue de nuevas vertientes de cobertura.
Al comienzo de esta legislatura, la Comisión del Pacto de Toledo volvió a convocarse para debatir, reflexionar y concluir cuáles son los problemas que acechan al sistema público de pensiones y las claves que deben garantizar su viabilidad futura a través de una próxima reforma de las pensiones que, a juicio de los miembros del Foro de Expertos del Instituto santalucía, “aleje de una vez por todas la incertidumbre y blinde a largo plazo el sistema público frente a los cambios que afrontará la sociedad en las próximas décadas”.
El sistema público de pensiones es un pilar básico de nuestro estado de bienestar y la situación actual, cada vez más presionado por el déficit estructural de la Seguridad Social y el envejecimiento de la población, exige medidas inmediatas que resuelvan desde la raíz los problemas actuales y lo prepare para los desafíos futuros.
Representantes del Gobierno, interlocutores sociales, académicos y expertos han comparecido en los últimos meses ante esta Comisión con el fin de llegar a puntos comunes y de consenso sobre los que asentar dicha reforma. A continuación, Guillermo de la Dehesa, Ignacio Conde-Ruiz, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Luisa Fuster, José Antonio Herce y César Molinas, miembros del Foro de Expertos del Instituto santalucía, analizan las propuestas presentadas y, en base a diez reflexiones, ayudan a entender e identificar las principales claves de lo que se ha estado debatiendo en el Pacto Toledo.
- Extraer las oportunidades que brinda la creciente longevidad. La primera reflexión es que, salvo flujos migratorios que sean muy favorables, existe un consenso en que las proyecciones demográficas apuntan a una reducción del número de personas en edad laboral y un aumento de aquellas en edad post-laboral, en un marco de declive demográfico general. Entre los comparecientes no abundan las posturas pro-natalistas, sino, más bien, aquellas que nos invitan a ver las consecuencias de estos desarrollos como favorables, sin menospreciar su parte de retos, si se acierta a la hora de extraer las oportunidades que brinda una creciente longevidad y se encuentra la manera de activar a las personas de edad más avanzada, tanto en la actividad laboral como en el dinamismo social general.
- Los desafíos del mercado de trabajo. El segundo elemento importante a tener en cuenta es el mercado de trabajo español, donde irá aumentando la tasa de empleo por la reducción de efectivos en edades laborales jóvenes y medias, y el mantenimiento de los trabajadores de mayor edad en activo. Mientras tanto, hay que avanzar en la reducción de la fuerte dualidad presente en el mercado de trabajo y en la normalización de los salarios y las bases de cotización. Pero no sería conveniente revertir las reformas laborales adoptadas desde 2010 y, por otra parte, convendría empezar a pensar en las consecuencias de la robotización y de la transformación tecnológica y digital.
- La sostenibilidad es condición sine qua non. Siendo la sostenibilidad uno de los grandes elementos del debate, parece aceptarse que las vías para lograrla están ya trazadas y están siendo transitadas. Sin embargo, se tiene la sensación de que la sostenibilidad se va a lograr a costa de la suficiencia de las pensiones. Pero, en realidad, no se puede hablar de suficiencia si el sistema no es sostenible. No hay un dilema entre ambos objetivos: la sostenibilidad es una condición sine qua non para la garantía y suficiencia de las pensiones.
- Mayor flexibilidad al trabajador a la hora de la jubilación. La suficiencia de las pensiones preocupa naturalmente, pero las reformas propuestas por muchos comparecientes para allegar recursos no son, creemos, las más idóneas mirando al medio y largo plazo. Eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) volvería a hacer insostenible al sistema. Manipular los tipos impositivos al alza, introduciendo incluso nuevos impuestos a la riqueza o la tecnología, debe estudiarse con cuidado para no restar contributividad a las pensiones. Segregar las pensiones de supervivencia del sistema contributivo y financiarlas con los Presupuesto Generales no es eficiente. Esta forma de debatir sobre la suficiencia nos parece problemática y creemos que debería darse más flexibilidad al trabajador a la hora de la jubilación.
- Edad de jubilación: buscar alternativas adicionales a las existentes. Pero una manera obvia y muy potente para lograr a la vez la sostenibilidad y la suficiencia, y que se puede modular ampliamente, es la intervención sobre la edad de jubilación. Ningún compareciente se ha pronunciado acerca de revertir su retraso. Sobre este fuerte consenso pueden construirse alternativas adicionales a las existentes de retraso adicional, modulado, flexible, etc. que aportarían un recurso material, aunque no monetario, para lograr que las tasas de sustitución no se viesen reducidas muy intensamente y, en nuestra opinión, deberían explorarse también estas posibilidades.
- El ajuste del sistema debe venir por la tasa de sustitución efectiva. El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) es una restricción presupuestaria y debe preservarse su papel disciplinario. Además, no implica que haya de ser negativo si se aportan recursos adicionales o juega el retraso de la edad de jubilación. El ajuste del sistema debe venir por la tasa de sustitución efectiva y el debate es si se hace a través del IRP o, sin que éste deje de actuar como tal restricción presupuestaria, actuar a través de la pensión inicial preservando, como se decía más arriba, el poder adquisitivo de las pensiones posteriormente. Esta segunda opción se puede conseguir con sistemas de cuentas individuales nocionales bien diseñadas. Este sistema seguiría siendo de reparto, pero se producirían mejoras en las pensiones de mucha relevancia, entre las que destacan el incremento de la trasparencia, la equidad, la protección frente a la inflación y siendo además perfectamente compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente.
- Adaptar las pensiones de supervivencia a la nueva realidad laboral de las mujeres. Las pensiones de supervivencia son contributivas y convendría no cuestionar este principio. Pero creemos que esta prestación ya no tiene el sentido que tenía hace unas décadas. Se deberían estudiar alternativas para adaptarlas a la nueva realidad laboral de las mujeres.
- Se debe pensar en los jóvenes. Consideramos que las medidas para allegar nuevos recursos deberían estar evaluadas, acotadas en su alcance, transitorias y no distorsionantes. Pero también hay que pensar en los jóvenes, para que no sufran todo el peso de la deuda que podría acumularse si no se toman medidas adicionales.
- El agotamiento del fondo de reserva para nada implica la quiebra del sistema. Uno de los aspectos más llamativos de las comparecencias es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), contrariamente a lo que se comenta en los medios de comunicación y en el debate público, apenas ha suscitado el interés de los comparecientes. Cuando lo ha hecho, ha sido para constatar que, unánimemente, las opiniones insisten en que el agotamiento del Fondo de Reserva no implica para nada la quiebra de las garantías del sistema español de pensiones contributivas. Es oportuno, pues, enfatizar esta conclusión y mostrar a la opinión pública que, en realidad, la alarma creada respecto al fin de la “hucha de las pensiones” no implica nada grave. Ahora bien, creemos que el agotamiento del Fondo refleja los desequilibrios a más largo plazo y conviene interpretar adecuadamente la señal que envía.
- Introducir un sistema de Cuentas Nocionales. Sin lugar a dudas, en nuestra opinión, las cuentas individuales nocionales de contribución definida son la siguiente frontera de las reformas estructurales de la Seguridad Social en España y en muchos otros países de nuestra cultura protectora. Las Cuentas Nocionales no privatizan las pensiones públicas, sino que le aportan al sistema de reparto racionalidad, sostenibilidad estricta, garantías y opciones de suficiencia y plena transparencia para el conjunto de los trabajadores, que serán los pensionistas del futuro.
Estas reflexiones realizadas por el Foro de Expertos del Instituto santalucía pretenden aportar una visión juiciosa de hacia dónde se debería encaminar el futuro de nuestras pensiones. A su juicio, “el debate tiene que traducirse cuanto antes en medidas efectivas y con miras al largo plazo. Unas medidas que marcarán la prosperidad de las generaciones venideras, las más longevas de la historia”.
