FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha publicado recientemente un interesante informe de su Director Ejecutivo, Ángel de la Fuente, también miembro del Foro de Expertos del Instituto santalucía, donde reflexiona acerca del impacto de la supresión del IRP (índice de revalorización) para ligar la subida de las pensiones públicas al IPC (índice de precios al consumo). A juicio de FEDEA, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2013 del sistema público de pensiones español ha sido la introducción del IRP que ligaba la actualización de las pensiones, una vez causadas, a la situación financiera de la Seguridad Social, abandonando así la referencia tradicional a la inflación medida por el IPC. Dada la impopularidad de la medida, una vez la inflación comenzó a repuntar tras el fin de la crisis, no se tardó demasiado en suspenderla provisionalmente. En la actualidad, parece existir un amplio consenso entre los principales partidos para derogarla definitivamente, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC.
Para FEDEA, aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es ciertamente un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio. La indexación generalizada de las pensiones a la inflación es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentaremos en las próximas décadas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada subraya que “es necesario analizar con cuidado los costes y beneficios de la supresión del IRP y valorar la posibilidad de establecer algún tipo de limitación o salvaguarda a la indexación con el IPC o de introducir medidas compensatorias que ayuden a mitigar su impacto sobre el crecimiento del gasto en pensiones”.
Con el ánimo de contribuir a esta discusión, FEDEA ha publicado una nota de Ángel de la Fuente en la que se cuantifica el coste de la supresión del IRP. El experimento específico de política que se analiza consiste en actualizar las pensiones contributivas con la inflación (que se supone del 2%) durante un solo ejercicio para volver después a la tasa de actualización del 0,25% que habría que aplicar en la situación actual bajo la normativa ahora suspendida.
Para De la Fuente, el cálculo del coste inmediato de la medida es sencillo. En 2017 el gasto público en pensiones contributivas, incluyendo las de clases pasivas, ascendió en España a unos 135.000 millones de euros. Actualizar esta cantidad al 2% en vez de al 0,25%, supondría un gasto extra del 1,75% de 135.000 millones de euros, esto es 2.363 millones, de lo que habría que sustraer las prestaciones no cobradas por el fallecimiento de sus titulares entre 2017 y 2018. En años posteriores, sin embargo, el incremento extra de las pensiones por encima del 0,25% se consolidaría y habría de seguir pagándose durante toda la vida de los beneficiarios afectados. Aunque este gasto iría reduciéndose con el tiempo, su valor acumulado durante varias décadas sería mucho mayor que el coste inmediato. Según los cálculos del autor, el coste acumulado sería de casi 30.000 millones de euros a precios constantes, o 13 veces el coste inicial.
Más que la cifra concreta de aumento del gasto, el autor resalta que el coste total de la vuelta a la indexación con el IPC sería muy superior a su coste inmediato, que es el que se suele calcular y destacar. A juicio de Ángel de la Fuente, dada la naturaleza del sistema de pensiones, que implica compromisos recurrentes de gasto durante muchos años, “cualquier cambio, incluso transitorio, en las reglas de cálculo o de actualización de las prestaciones tiene importantes repercusiones a largo plazo que han de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones”.
