José Ignacio Conde-Ruiz habla sobre el Ingreso Mínimo Vital

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El subdirector de Fedea y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía analiza la situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza de nuestro país y explica cómo debería abordarse una prestación temporal y permanente.

Este es el podcast que hemos mantenido en Tiempos de Reflexión con José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, sobre el Ingreso Mínimo Vital. La pandemia del Covid-19 ha puesto sobre la mesa el debate de una renta mínima para atender a las familias en situación más vulnerable.

¿Cuál es el nivel de pobreza de España?

Medir la pobreza es muy complicado y depende de lo que se establezca como una renta de referencia, de tal manera, que aquellas familias que la tengan por debajo sean consideradas en riesgo de pobreza. Lo preocupante para España es que, sea cual sea esta renta de referencia que se utilice, nuestro país siempre aparece como uno de los industrializados con un mayor porcentaje de familias en riesgo de pobreza.

En el caso de España es, incluso, peor cuando se analiza la pobreza infantil, que es uno de los principales problemas que deberíamos intentar atajar de raíz, porque normalmente los niños que nacen en hogares pobres acaban siendo un fracaso escolar, estando en muchas ocasiones obligados a repetir la pobreza de sus padres. Por lo tanto, luchar contra la pobreza infantil es algo fundamental para lograr un estado de que garantice la igualdad de oportunidades.

¿Qué ayudas existen para atajar la pobreza en España?

Por desgracia, España, a pesar de tener este problema de personas en riesgo de pobreza, no dispone de lo que sería una prestación de último recurso, lo que sería necesario a nivel nacional para completar nuestro estado del bienestar. Lo que tenemos son prestaciones, rentas de inserción, implementadas por las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen las competencias en asuntos sociales y hay una gran heterogeneidad en cuanto a la cuantía, que en unas comunidades puede ser de 300 euros y en otras de más de 700 euros mensuales.

Ni siquiera usan las mismas rentas de referencia, unas usan el IPREM, otras usan el salario mínimo interprofesional, otras incluso se han creado su propia renta de referencia y tampoco se ponen de acuerdo en el porcentaje que señalaría a una familia u hogar en situación de riesgo de pobreza. Algunas consideran que el indicador es el 65%, otras el 100%, esto provoca que no sea lo mismo ser un pobre en una comunidad autónoma, que ser un pobre en otra distinta.

¿Cómo debería ser el diseño de la Renta Mínima Vital?

Lo correcto sería unificar todas estas prestaciones propias de las comunidades autónomas, de tal forma que el Estado garantice para todas las comunidades autónomas un mínimo de transferencias, tanto de generosidad como de cobertura, que estuviera cofinanciado por las comunidades autónomas, porque esto es lo que garantiza la corresponsabilidad fiscal. Y, luego, si alguna comunidad en particular quisiera dar un mayor beneficio, ampliar la cuantía o la cobertura, podrá hacerlo utilizando ya sus propios recursos.

Ingreso Mínimo Vital permanente versus temporal. Diferencias

España debería tener, una prestación de Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente para completar lo que sería nuestro estado del bienestar.

La cuestión es que no tiene sentido implementarlo ahora mismo en mitad de una pandemia, concretamente por tres razones fundamentales:

  1. Tiempo: se requiere mucha urgencia y para hacer esto bien, sin despilfarro de recursos, será necesaria una larga negociación con las comunidades autónomas.
  2. Colectivos: las personas en riesgo de pobreza que vamos a tener en una situación de pandemia como ahora son muchísimo más amplios de los que vamos a tener en una situación normal, por tanto, el colectivo tampoco va a ser exactamente igual.
  3. Margen fiscal: España está en una situación donde no sabe cómo de dañadas van a quedar sus finanzas públicas una vez que esto termine y, por lo tanto, comprometerte a implementar una renta, un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente que tiene un impacto directo sobre el déficit estructural en un momento en el que tenemos que negociar muchas cosas con Europa, no tiene sentido.

Es mucho más lógico hacer esta prestación de carácter temporal hasta ver qué ocurre y luego que esta prestación excepcional de carácter temporal pueda servir de puente a lo que sería una prestación de carácter permanente, que es lo que necesitaríamos para completar nuestro estado del bienestar.

A modo de conclusión, ¿cómo se debería plantear?

Las medidas socio laborales del Gobierno para enfrentarse al Covid-19 se han basado en mirar las características de los individuos evaluándolos ex ante y decidiendo luego si les daba la ayuda o no. Por ejemplo, un trabajador indefinido en una fábrica o en una empresa puede acogerse a un ERTE, para los trabajadores temporales despedidos sin derecho a una prestación contributiva por desempleo, se ha generado una nueva prestación extraordinaria para contratos temporales, los autónomos que no pueda ejercer su actividad, cuentan con una nueva prestación por cese de actividad y los trabajadores en servicios domésticos, cuentan con algo similar. Lo que ocurre es que hay colectivos que no están dentro, no cualifican para ninguna de las ayudas que ha implementado el Gobierno, y son precisamente los colectivos más vulnerables.

Estaríamos hablando de personas que trabajan en la economía sumergida, aquellas personas que ya estaban en riesgo de pobreza antes de la pandemia, trabajadores que no van a ser despedidos porque ni siquiera van a ser contratados, que esperaban esta parte del año, muy asociada a la estacionalidad del turismo, para ser contratados y tener así sus únicos ingresos a lo largo del año.

Por lo tanto, es urgente introducir ya una nueva prestación, un nuevo Ingreso Mínimo Vital de carácter temporal, de emergencia, muy vinculado al Covid-19 con dos características:

  1. Tener muy poca evaluación ex ante, es decir, tiene que llegar el dinero lo más rápidamente posible, luego, habrá un estricto control ex post, donde si alguna persona ha percibido esta transferencia nueva, este Ingreso Mínimo Vital temporal nuevo, cuando no le correspondía, a través de la Agencia Tributaria, tendrá que devolverlo.
  2. Debe tener incentivos al empleo. En muchos casos, por desgracia, va a ser difícil que alguien pueda encontrar un empleo, pero si se da el caso, lo más probable es que si el trabajador deja de percibir la ayuda una vez que encuentra el empleo va a tener muy pocos incentivos a aceptar el empleo, salvo que el salario que le ofrezcan sea muy superior a la prestación que está recibiendo. La solución será que, cuando el trabajador perciba la prestación, si acepta un empleo, no pueda perder completamente la prestación, permitiéndosele compatibilizar una parte, un porcentaje de la prestación con el nuevo salario que va a recibir una vez está trabajando.
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