Reducción de cotizaciones y subida del IVA para financiar las pensiones


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Fuente: Fotonoticias del Congreso de los Diputados.

Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá que lideró el grupo de expertos que informó la reforma fiscal de 2014, ha afirmado que el gasto en pensiones no se va a resolver con el pleno empleo y ha propuesto, ante Comisión del Pacto de Toledo, reestructurar los ingresos de la Seguridad Social. Ha valorado sus problemas, calificándolos como de carácter demográfico –aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población– y económico –pago de cuantías altas cuando hay menos cotizantes e ingresos– .

Según sus cálculos, de no cambiar la financiación de las pensiones, el gasto público destinado a ellas podría llegar a suponer el 50% del total en apenas 20 años. Como soluciones, ha propuesto las siguientes líneas de actuación:

  • Aboga por un sistema mixto de pensiones en el que las cotizaciones se reduzcan a no más del 10%, ya que afirma que tienen efectos negativos sobre el empleo,
  • Eliminar el tope de las bases de cotización y sustituir el sistema de aportación de forma que se graven los ingresos reales de los trabajadores y no la categoría profesional.
  • Reconducir el sistema de pensiones hacia un sistema en el que la pensión pública garantice a un pensionista cobrar un 40-50% de su último salario (no el 70% actual).
  • Propone subir el IVA entre un 2 y un 4% para compensar así la pérdida de ingresos y destinar la recaudación al pago de pensiones.
  • Implantación de un sistema de cuentas nocionales, por el que el jubilado cobre en función de lo aportado a lo largo de su vida laboral.
  • Retrasar la edad de jubilación en algunas profesiones.
  • Planes de pensiones complementarios en las empresas, financiados gracias a los recursos liberados con la reducción de cotizaciones, en una cuantía aproximada del 10% de los salarios a aportar a partes iguales entre empresarios y trabajadores.
  • Gestión conjunta entre administraciones y empresas de las retenciones del IRPF y de las cotizaciones sociales, mediante la que podrían obtenerse “ahorros considerables”.
  • Impedir la capitalización de las pensiones voluntarias individuales, manteniendo los límites para las aportaciones de modo que funcionen como pagos periódicos a lo largo de toda la vida del beneficiario.
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