En la primera jornada de comparecencias en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha hecho un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad compartida para garantizar el futuro del sistema de pensiones. La ministra ha querido que su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados fuera ante la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, “el gran pacto de la democracia”, cuya existencia debe ser uno de los principales motivos de confianza de los ciudadanos en el futuro de las pensiones.
“Pasados 20 años de su primera formulación, los principios inspiradores del Pacto de Toledo siguen plenamente vigentes y nos estimulan para refrendar nuevas conclusiones y recomendaciones”, ha remarcado Báñez. La destrucción de 3,3 millones de empleos durante los años de crisis ha provocado un problema “coyuntural, que no estructural”, en las cuentas de la Seguridad Social que ha coincidido con un momento en el que el sistema ha debido soportar un importante aumento del número de pensionistas, de la cuantía de la pensión y del periodo de pago de la misma, por el aumento de la esperanza de vida. Así, ha indicado que “el 70% del deterioro neto de la salud financiera del sistema durante el periodo 2009-2013 se debe exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivadas de la importante reducción de empleo producida esos años”
No obstante, según los datos aportados por el Gobierno, hoy ya se han recuperado 1.660.000 puestos de trabajo, la mitad del empleo destruido durante los años de crisis, España es capaz de crear más de 500.000 empleos al año y la afiliación crece a un ritmo del 3,44%, por encima incluso del crecimiento económico (3,2%), afirmando que “mientras en 2011 por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados, en lo que va de 2016, por cada nueva pensión se crean 7 empleos”.
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Brecha de género de las pensiones
La ministra ha destacado que España cuenta con un sistema público de pensiones fuerte, sostenible “y más preparado para los retos del futuro que la mayor parte de los países de nuestro entorno”. Así lo refleja la ausencia de Recomendaciones de reformas en el sistema por parte de la Comisión Europea desde hace tres años y, más explícitamente, el Informe “Ageing Report”, también de la Comisión Europea, que afirma que gracias a las reformas de los últimos años, nuestro sistema de pensiones se encontrará en una situación más favorable que la mayoría de nuestros socios comunitarios en 2060.
La ministra ha destacado que se han aplicado reformas para mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema garantizando unas pensiones adecuadas. De esta forma, las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General han alcanzado los 1.049 euros, lo que significa el 93% del salario medio en España. Así, “el sistema concede la segunda mayor tasa de reemplazo de la OCDE, frente al 52% de media de esos países, o el 55% de Francia o el 37% de Alemania”.
Entre las medidas que ha destacado para abordar el problema de las pensiones en España, ha destacado que se han introducido mejoras como el complemento por maternidad para aquellas mujeres con dos o más hijos, una medida que “refuerza la contributividad del sistema añadiendo un elemento demográfico y ayuda a corregir una discriminación histórica: la brecha de género en pensiones. De esta medida se benefician ya más de 134.600 mujeres”.
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha incidido en que se deben seguir adoptando medidas que permitan mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social en el medio y largo plazo. En este sentido, ha incidido en la “oportunidad” que supone ampliar al 100% la compatibilidad entre salario y pensión. “No tiene sentido limitar la vida activa de millones de españoles”, ha señalado. La ministra ha afirmado que en la actualidad, más de 31.000 personas compatibilizan el 50% de su pensión con un salario.
Necesidad de consenso
La ministra ha señalado que, ante el reto de garantizar el futuro de las pensiones, es la hora del Parlamento y, también, del Diálogo Social. Ha destacado algunos puntos en los que es necesario el “máximo consenso”: avanzar en la separación de fuentes de financiación sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones; reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes; y transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema, a la vez, que mantenemos como prioridad la creación de empleo de calidad.
“Las medidas han de ser equilibradas y los esfuerzos necesarios adecuadamente distribuidos, para que no se produzcan efectos indeseados ni en el mercado laboral ni en el tejido productivo”, ha remarcado la ministra, quien ha apelado al diálogo “con amplitud de miras”. La única garantía de un sistema de pensiones es el crecimiento económico y el empleo, con una distribución de la renta equilibrada para poder realizar las correspondientes aportaciones.
“El Pacto de Toledo está llamado a reforzar y renovar sus recomendaciones con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales, y atendiendo a las nuevas prioridades sociales; a las nuevas realidades personales y familiares; a las nuevas actividades y formas de trabajo; y a las profundas transformaciones demográficas”, ha concluido.
El Pacto de Toledo
El Pacto de Toledo fue suscrito en abril de 1995 con la práctica unanimidad de las distintas representaciones parlamentarias presentes en aquel momento en el Congreso de los Diputados, supuso la reafirmación por las fuerzas políticas españolas de la apuesta, durante los próximos decenios, por un sistema de Seguridad Social solidario y de reparto, basado en las contribuciones de sus beneficiarios y en la separación de las prestaciones de naturaleza contributiva y no contributiva. Una apuesta en favor de las reformas necesarias en cada momento para garantizar la sostenibilidad del sistema, desde una perspectiva compatible con el reforzamiento de su intensidad protectora, la consolidación de sus políticas convencionales y el despliegue de nuevas vertientes de cobertura.
El 3 de octubre de 2003, el Congreso de los Diputados aprobó el Informe sobre seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el que se efectúa una valoración de las recomendaciones iniciales y se incorporan algunas nuevas, a fin de que el sistema de protección social vaya acompasándose a las nuevas realidades sociales y a las nuevas demandas, al tiempo que, en relación con el sistema de pensiones, se acentúa sus niveles de perfeccionamiento y sostenibilidad.
Desde el Foro de Expertos del Instituto Santalucía se ha insistido en reiteradas ocasiones que es necesaria una solución integral y definitiva que aborde el problema estructural del sistema de pensiones con un enfoque a largo plazo. Para ello, consideramos que una condición necesaria es un gran pacto nacional por las pensiones de las principales fuerzas políticas nacionales bajo el amparo del Pacto de Toledo. Dicho pacto debería empezar con el nombramiento de una comisión de expertos que prepare un informe de reforma integral del sistema para su análisis dentro del Pacto de Toledo, donde se incluyan todas las reformas necesarias para conseguir la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. “Es necesaria su refundación en un contexto demográfico, social y económico, completamente diferente al de 1995”.
