Según un informe del Instituto de Actuarios Españoles, cada euro de pensión de jubilación tiene un coste de 1,28 euros, lo que ataca a la línea de flotación de la sostenibilidad financiera del sistema.
Si no se acometen reformas, en el año 2050, el índice de solvencia del sistema de pensiones español, aquél que mide su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago, podría quedar reducido al 24,6%. Es decir, más del 75% de los compromisos del sistema público de pensiones podrían quedar sin cubrir; cerca del 60% en el escenario más benévolo. O dicho de otro modo: 3 de cada 4 euros podrían no tener cobertura financiera en 30 años. Esta es una de las conclusiones que se desprende del Informe sobre la Seguridad Social española presentado hoy por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE), disponible para su descarga completa desde la página web del Instituto a través de este enlace.
El análisis se ha realizado por el IAE y según se desprende de las conclusiones, si bien no han de tomarse como fatales porque hay diferentes medidas y reformas que se podrían adoptar gradualmente, no son muy optimistas con el futuro de las pensiones en el caso de que no se afronten.
Sin indicador actuarial de las pensiones
Uno de los aspectos muy a tener en cuenta es que, a diferencia de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Suecia, la Seguridad Social española no publica, hoy, ningún indicador actuarial del sistema de pensiones. Desde el Instituto de Actuarios Españoles se aboga por estructurar un modelo en el que la equidad actuarial tenga un mayor peso, ya que con ella se podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación.
La creación de una figura pública en el sistema español de Seguridad Social que actúe como fuente independiente, rigurosa y capaz para garantizar la coherencia actuarial y financiera de las pensiones es otra de las medidas que el Instituto considera prioritarias. Este perfil sería un agente clave para proponer reformas, mejoras y modificaciones del sistema de pensiones que garanticen la viabilidad del modelo y eviten la actual situación, con ciudadanos cada vez menos incentivados por cotizar.
Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios Españoles, señaló en la presentación del informe que “la gran asignatura pendiente del modelo español está en la parte actuarial. Por ejemplo, la figura del “Actuario Jefe” presente en la Administración Pública de muchos países, aquí no existe. Es fundamental que el sistema de pensiones contributivo de reparto tenga niveles aceptables de equivalencia actuarial, y que un ente experto e independiente vele por ello, porque ese es el primer peldaño para avanzar hacia su sostenibilidad. Nuestras pensiones tienen varios problemas porque no son ni actuarialmente coherentes ni financieramente sostenibles; el sistema ingresa menos de lo que gasta a corto, medio y largo plazo. Sin cambios y reformas, la situación empeorará”.
Pensiones muy generosas, pero no equitativas
Desde el punto de vista financiero tampoco son sostenibles. El saldo contributivo acumulado entre 2008 y 2018 se cifra en -76.222 millones de euros, entrando en negativo desde el año 2014. Cada euro de jubilación tiene un coste de 1,28 euros. Y la cifra seguirá en aumento si, como se detecta en el informe, la revalorización de las pensiones no se ancla, al menos durante unos años, en el límite mínimo del 0,25% fijado para el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). En todo caso, es de destacar que la sostenibilidad financiera no implica necesariamente sostenibilidad actuarial.
En este sentido, Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, miembro del Instituto de Actuarios Españoles, que se ha encargado de la coordinación técnica del informe, es taxativo: “las pensiones españolas son muy generosas lo cual, paradójicamente, es un problema. En el corto plazo, el modelo no solo no se ha ajustado, sino que tiende a blindarse. Sin embargo, con la reforma de 2011 -que mitiga, pero no resuelve sus lagunas – el sistema de pensiones tiene ya pactado, por así decirlo, el recorte de su generosidad, precisamente por los imperativos que presentan sus necesidades de sostenibilidad, que puede llegar a ser preocupante si las pensiones se revalorizan con el IPC abandonando el IRP”.
Una generosidad que, según el IAE, no se corresponde tampoco con la mejora de la equidad. Según su análisis, el sistema tiene graves inequidades, algunas socialmente aceptables e incluso exigibles, como las de género, pero, en general, adolece de demasiadas irregularidades y rugosidades, con desequilibrios tanto desde el punto de vista contributivo como inter e intrageneracional.
Jubilados con menor capacidad adquisitiva
Incluso partiendo del supuesto de que no se aborden nuevos cambios o reformas en el sistema, la ya pactada reforma de 2011 provocará cambios, afirma el IAE. A su juicio, es posible que las pensiones evolucionen al alza en términos nominales, pero proporcionarán al jubilado una menor capacidad adquisitiva en el futuro. Es necesario avanzar, por tanto, hacia la construcción de un sistema transparente, que muestre y diagnostique su estructura, sus contradicciones internas y su sostenibilidad financiera y actuarial.
Grupo de trabajo con miembros del Foro de Expertos
El Grupo de Trabajo ha estado formado por Enrique Devesa (Universidad de Valencia) como Coordinador Técnico, y Mercedes Ayuso (Universidad de Barcelona y Risk-Center), Iñaki De la Peña (Universidad del País Vasco), Rafael Doménech (Universidad de Valencia, BBVA Research y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía), Miguel Angel García (Universidad Rey Juan Carlos), Gregorio Gil de Rozas (Instituto de Actuarios Españoles), José Antonio Herce (Analistas Financieros Internacionales y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía), Javier Olaechea (Instituto de Actuarios Españoles), Luis Mª Sáez de Jáuregui (Instituto de Actuarios Españoles y Universidad Carlos III) y Miguel Ángel Vázquez (UNESPA)
