En el Pensiómetro del tercer trimestre de 2023, analizamos la evolución de los sistemas de pensiones europeos ante la mayor longevidad.
En la última década prácticamente todos los países europeos han introducido reformas importantes en sus sistemas de pensiones para hacer frente al reto del envejecimiento y a sus consecuencias sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones.
La mayoría de las medidas adoptadas (retraso de la edad de jubilación, ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora, endurecimiento de la jubilación anticipada, etc.) recaen sobre la población cotizante.
Sin embargo, en muchos países también se han llevado a cabo reformas en la política de revalorización de sus pensiones que, a diferencia de las medidas anteriores, sí afecta a la población pensionista, concretamente al mantenimiento o no de su poder adquisitivo.
Revalorización vs sostenibilidad
Es razonable que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas sea un objetivo, pero también parece lógico que a la hora de diseñar las reglas de revalorización de un sistema de pensiones se tenga en cuenta lo que puede suponer esta medida para su sostenibilidad en el futuro. Esto debe ser así, porque en cualquier sistema de pensiones la revalorización representa una parte importante del gasto total y es uno de los principales factores que explican su crecimiento anual.
Por ejemplo, en España, según los datos de la Seguridad Social, la revalorización acumulada de las pensiones representa, con datos hasta el 31 de agosto de 2023, el 23,2% del gasto total y es la causa del 63% del crecimiento del gasto en pensiones en 2023.
Dada la importancia que tiene la revalorización sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, no resulta extraño que de los veintidós países que son miembros tanto de la UE como de la OCDE, nueve hayan aprobado reformas para hacer menos favorable la indexación de sus pensiones como manera de frenar el aumento del gasto (Instituto de Actuarios Españoles, 2022).
Cambios en la política de revalorización de las pensiones en España
La Ley 26/1985 fue el primer texto legal que introdujo, por primera vez, la obligación de que las pensiones españolas debían revalorizarse automáticamente al comienzo de cada año de acuerdo con el IPC previsto.
Además, señalaba que las desviaciones que pudieran producirse con respecto al IPC previsto deberían ser tenidas en cuenta en el año siguiente para mejorar las pensiones que fuesen inferiores al salario mínimo interprofesional.
Posteriormente, en el año 1995, el Congreso de los Diputados aprobó el Informe conocido como Pacto de Toledo, en el que se proponía, entre otras medidas, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones mediante un mecanismo de revalorización automática en función del IPC previsto, y con cláusula de revisión a año vencido para compensar las posibles desviaciones de inflación. Como consecuencia del Pacto de Toledo, se aprobó la Ley 24/1997 que modificó el mecanismo de revalorización con los siguientes objetivos (Devesa et al., 2015):
- Generalizar la fórmula de revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto a todas las pensiones del sistema.
- Incluir un mecanismo de compensación que garantizase el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, y no sólo de las pensiones inferiores al SMI, como se hacía en la Ley 26/1985.
- Garantizar que la cuantía de la pensión mínima, no así la pensión máxima, también se debía revalorizar cada año en función del IPC.
Es importante resaltar que, inicialmente, el sistema de compensación diseñado era simétrico, esto es, si el IPC previsto resultaba superior al realmente producido, la diferencia debía ser absorbida en la revalorización del siguiente ejercicio económico. Sin embargo, en la práctica no fue así. La revalorización aplicada a comienzos de 1998 no tuvo en cuenta que en el año 1997 el IPC previsto (2,6%) fue superior al crecimiento real de los precios (2%). Tan sólo un año después, la Ley 50/1998 eliminó la aplicación de la compensación cuando el IPC previsto fuese superior al real.
La siguiente modificación importante en la política de revalorización de las pensiones españolas se produce con la aprobación de la Ley 23/2013 que introdujo el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Lo más destacado de este nuevo mecanismo es que desligaba la revalorización de las pensiones del IPC para vincularlo de forma automática a un conjunto de variables relacionadas con la salud financiera de la Seguridad Social, como son los ingresos y gastos del sistema, el número de pensiones y el efecto sustitución, pero además incluía un elemento para llevar el sistema hacia un déficit cero.
En definitiva, el IRP supuso un cambio radical en la política de revalorización de las pensiones en España ya que pasaba de un modelo que priorizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas a otro en el que lo prioritario era asegurar el equilibrio presupuestario del sistema.
No obstante, como señalan Devesa et al. (2015), para evitar cambios bruscos, así como posibles reducciones en términos nominales de la pensión, el IRP incluía una cláusula suelo para que todos los años las pensiones pudieran crecer un mínimo garantizado (0,25%) y un techo igual al IPC+0,5%, que permitiese recuperar, al menos parcialmente, las pérdidas de poder adquisitivo que se pudieran producir en determinados años.
El IRP se aplicó solo en el periodo 2014-2017, ya que en los cuatro años siguientes (2018-2021), aunque seguía en vigor, se suspendió su aplicación y en su lugar el gobierno aprobó ajustes discrecionales cercanos al IPC.
Finalmente, la Ley 21/2021 deroga definitivamente el IRP y recupera la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC. En concreto, esta reforma establece que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año en un porcentaje equivalente al cambio promedio mensual del IPC interanual de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Además, añade que, si este valor fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. Es decir, se trata de una medida asimétrica porque solo vincula las pensiones a la inflación si esta sube, pero no cuando la inflación es negativa.
¿Qué pasó después de esta generosa reforma? ¿Cuáles han sido las últimas actualizaciones? ¿Y cuáles son los modelos que imperan en Europa? Descárgate el informe completo.
