Qué es el Pacto de Toledo

El debate de investidura ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de convocar el Pacto de Toledo para fortalecer y garantizar el actual sistema público de pensiones

/ 1 septiembre, 2016
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El Pacto de Toledo fue suscrito en abril de 1995 con la práctica unanimidad de las distintas representaciones parlamentarias presentes en aquel momento en el Congreso de los Diputados, supuso la reafirmación por las fuerzas políticas españolas de la apuesta, durante los próximos decenios, por un sistema de Seguridad Social solidario y de reparto, basado en las contribuciones de sus beneficiarios y en la separación de las prestaciones de naturaleza contributiva y no contributiva. Una apuesta en favor de las reformas necesarias en cada momento para garantizar la sostenibilidad del sistema, desde una perspectiva compatible con el reforzamiento de su intensidad protectora, la consolidación de sus políticas convencionales y el despliegue de nuevas vertientes de cobertura.

El 3 de octubre de 2003, el Congreso de los Diputados aprobó el Informe sobre seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el que se efectúa una valoración de las recomendaciones iniciales y se incorporan algunas nuevas, a fin de que el sistema de protección social vaya acompasándose a las nuevas realidades sociales y a las nuevas demandas, al tiempo que, en relación con el sistema de pensiones, se acentúa sus niveles de perfeccionamiento y sostenibilidad.

Recomendaciones del Pacto de Toledo:

1. Separación y clasificación de las fuentes de financiación

La Comisión constata que el legislador ha procedido a la clasificación de las distintas fuentes financieras en función de la naturaleza de las prestaciones.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, garantizado por ley, debiendo ser preservado mediante la adopción de medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro.

3. Fondo de Reserva

La  Comisión  constata  que  el  equilibrio  presupuestario  de  la  Seguridad  Social  se  configura  como  uno  de  los  elementos  básicos  de  garantía  de  la  pervivencia  del  sistema

4. Financiación, simplificación e integración de regímenes especiales

La Comisión constata que se ha iniciado la aproximación de las cotizaciones de determinados regímenes especiales respecto de los niveles de protección que en la actualidad disfrutan.

5. Mejora de las bases de cotización

La Comisión constata que se ha alcanzado el objetivo fijado en 1995, consistente en la existencia de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales. Esta unificación, al abundar en la línea de mejora de la relación entre el salario real y las bases de cotización y al implicar con el tiempo una mejora en las prestaciones que se recibirán, se considera positiva.

6. Cotizaciones orientadas al empleo

La Comisión constata que las políticas de bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de acceso o en situaciones de riesgo de expulsión de aquél.

7. Modernización e información al ciudadano

Es preciso seguir adoptando medidas dirigidas a la mejora de la gestión. En este sentido, se debe seguir profundizando en las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, de cara a conseguir una gestión de carácter integral del sistema de Seguridad Social. Por otra parte, se debe intensificar la labor de puesta en conocimiento de los ciudadanos de sus derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social.

8. Gestión del sistema

La Comisión se reafirma en la idea de seguir potenciando la eficacia gestora del sistema a través de una mayor integración orgánica y racionalización de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, con el objeto de avanzar en la idea de la simplificación y obtener nuevos logros en este ámbito, sin perjuicio de la delimitación competencial constitucional y estatutariamente definida.

9. Lucha contra el fraude

La Comisión entiende necesario seguir luchando de forma decidida contra la economía irregular, con especial atención a los sectores donde ésta sigue teniendo incidencia. Igualmente, constata la relación existente entre economía irregular e inmigración ilegal, por lo cual insta a combatir los efectos negativos que se generan sobre el conjunto del sistema.

10. Sobre el carácter contributivo del sistema

La Comisión se reafirma en la idea de que es preciso seguir reforzando el principio de contributividad como elemento básico para la preservación del equilibrio financiero del sistema. A tal fin se recomienda seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años.

11. Edad de jubilación

La Comisión constata que se ha logrado un avance mediante la implantación de un sistema de jubilación gradual y flexible llevado a cabo a través de la ley 35/2002, de 12 de julio. La edad legal de jubilación a los 65 años es actualmente voluntaria, la Comisión pone de relieve la necesidad de continuar por el camino ya iniciado a los efectos de conseguir el objetivo de que la edad real de jubilación se aproxime, cada vez más, a aquélla.

12. Prestaciones de viudedad y orfandad

El sistema de Seguridad Social ha ido adaptando su cobertura a las necesidades cambiantes de la sociedad española. Las prestaciones de supervivencia han tenido, en los últimos años, una evolución en la que se ha tratado de atender más a las situaciones reales de necesidad que a la estricta contributividad. La Comisión entiende que éste es un camino adecuado pero que para que no se produzcan contradicciones en la regulación y situaciones de discriminación legal, es necesaria una reformulación integral de las prestaciones de supervivencia que atienda a un doble objetivo: por una parte, cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona y, por otra, mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros ingresos, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. Se recomienda, asimismo, eliminar las contradicciones que se derivan de la aplicación de las normas reguladoras de la viudedad.

En  relación  con  las  prestaciones  de  orfandad,  la  Comisión  constata  los  avances   registrados en términos de mejora de la regulación de dichas prestaciones desde la aplicación  del  Pacto  de  Toledo

13. Solidaridad y garantía de suficiencia

La Comisión considera conveniente seguir reforzando el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia de las pensiones en la medida en que la situación financiera lo permita.

14. Sistemas complementarios

La Comisión constata el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España y la necesidad de seguir reforzándola.

Recomendaciones adicionales:

1. Nuevas formas de trabajo y desarrollo profesional

La Comisión constata la incidencia en el sistema de protección social del dinamismo creciente del mercado de trabajo, de las nuevas necesidades de los individuos, de la sociedad y de la economía global.

2. Mujer y protección social

La Comisión constata los avances producidos en materia de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de conciliación de la vida laboral y familiar y en materia de integración laboral de la mujer. Sin embargo, estima conveniente que nuestro sistema de protección social responda más adecuadamente a los retos que plantean los cambios del modelo familiar en España en el que aquél se ha venido apoyando.

3. Dependencia

La  Comisión  considera  necesaria  una  pronta  regulación  en  la  que  se  recoja  la definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las  posibles  alternativas  para  su  protección,  teniendo  en  cuenta  la  distribución  de competencias entre las distintas administraciones públicas, garantizando los recursos necesarios para su financiación y la igualdad de acceso.

4. Discapacidad

La  Comisión  constata  los  adelantos  que  en  materia  de  ayudas  a  las  personas  con

discapacidad  se  han  realizado  en  el  marco  de  la  Seguridad  Social  a  través  de diferentes políticas.

5. Inmigración

La Comisión constata que el fenómeno de la inmigración constituye un importante desafío   para   nuestra   sociedad,   pero   representa   una   gran   contribución   a   la estabilidad de nuestro sistema de protección social en el futuro. Es por ello que han de  arbitrarse  las  medidas  oportunas  para  que  la  afluencia  de  ciudadanos  de  otros países se realice de modo que se garantice su incorporación al mercado de trabajo y al sistema de protección social con plenitud de derechos y obligaciones.

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