En este vídeo, José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, recuerda esta fecha que ha pasado desapercibida por la COVID-19 y que es importante rememorar para lograr un gran acuerdo para la sostenibilidad del sistema de pensiones entre los grupos parlamentarios.
El 6 de abril de 1995, se aprobaba en el Congreso de los Diputados el conocido Pacto de Toledo, documento que previamente se había aprobado en la Comisión de Presupuestos en el que se analizaban los problemas estructurales de la Seguridad Social, a través de la cual se financian una serie de prestaciones, entre ellas las pensiones de jubilación, y en el que se establecían una serie de recomendaciones que sirvieran de base para el diálogo social en el que sustentar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, considera relevante poner en valor esta efeméride por lo “importante que es para el presente y el futuro la sostenibilidad de los planes de pensiones en España y para lograr un gran acuerdo entre los partidos”.
Jiménez Rodríguez recuerda las tensiones que sufre el sistema de la Seguridad Social debido al envejecimiento de la población que ha provocado un “creciente déficit estructural de la Seguridad Social”, lo que obliga a buscar soluciones “con visión a largo plazo”.
Con los años, el incremento de los gastos y las menores aportaciones por la bajada de la natalidad han situado la diferencia entre gastos e ingresos de la Seguridad Social en 20.000 millones de euros.
El director del Instituto Santalucía repasa las fórmulas de distintos organismos independientes para abordarlo a nivel de política fiscal, política monetaria para dar financiación y liquidez, mecanismos europeos de mutualización de recursos, saneamiento de cuentas públicas y reformas estructurales. Es, precisamente, entre estas últimas, donde se enmarca el Pacto de Toledo para frenar el déficit de la Seguridad Social.
Pacto de Toledo: propuestas frente al déficit de la Seguridad Social
Estas son algunas de las propuestas:
- La política fiscal es la herramienta más adecuada como primera línea de defensa. Desde el punto de vista de la equidad, parece razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa.
- La política monetaria debe garantizar a los distintos agentes económicos unas condiciones de financiación y liquidez adecuadas.
- Las políticas micro y macroprudencial del sistema financiero deben actuar para garantizar un adecuado flujo de crédito a la economía.
- Se debería crear un mecanismo europeo de mutualización de recursos presupuestarios que facilite la financiación del gasto público que ha surgido como consecuencia de la pandemia.
- Debe producirse en paralelo un saneamiento de las cuentas públicas, que a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, permita sanear las finanzas públicas.
En opinión de Jiménez Rodríguez, la fórmula más adecuada pasa por que las reformas sean “duraderas” y se “adapten a un nuevo contexto demográfico, social y económico completamente distinto al de hace ahora 25 años, pero desde el consenso”.
Si deseas conocer más sobre la acción protectora de la Seguridad Social, puedes leer la entrada al blog de la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, Inmaculada Domínguez Fabián, en el que analiza el impacto de la Covid-19 sobre la Seguridad Social.
