Lourdes López, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ha comparecido ante la Comisión del Pacto de Toledo, partiendo de dos premisas. La primera, la defensa del régimen público de la Seguridad Social como instrumento de cohesión social y como motor económico necesario; la segunda fue atender al modelo constitucional –que obliga a mantener ese régimen público para todos los ciudadanos, con prestaciones suficientes y prestaciones complementarias libres–. Planteó tres retos futuros: la longevidad de la población, el factor económico y la tecnificación de las relaciones laborales.
Ha formulado 10 propuestas basadas en la mejora de la financiación y en la adecuación y eficiencia de las prestaciones.
- Considerar todas las aportaciones al sistema para potenciar el esfuerzo hacia la aportación complementaria tanto en el ámbito privado como público.
- Reducir el concepto de cotización social, reconduciendo las bonificaciones y subvenciones, y premiando a las empresas que se esfuerzan por mejorar el mercado de trabajo.
- Ampliar el concepto de cotización social de manera que exista una mayor vinculación a la consecución del trabajo, sin elementos personales.
- Financiación impositiva mediante una tasa de contribución social que reduzca desigualdades.
- Vincular dependencia y jubilación, reconduciendo las cotizaciones sociales de los cuidadores profesionales y sustituyendo la prestación por una pensión de jubilación.
- Replantearnos la edad de jubilación.
- Reconocimiento de la contingencia de jubilación para los mayores de 50 años.
- Erradicar la economía sumergida.
- Recuperar la dignificación del mercado de trabajo.
Jesús Cruz Villalón, también catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, coincide con López en que el Sistema Público de pensiones debe atender a los principios de necesidad y suficiencia que marca el modelo constitucional español; él ha afirmado que esto podría conseguirse con una tasa de sustitución que garantice la suficiencia de las pensiones. Rechazó las cuentas nocionales individuales, ya que considera que romperían la dinámica de solidaridad intergeneracional. Para lograr el equilibrio financiero propuso:
- Beneficiar los ingresos y reajustar el gasto en pensiones –entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea–. Afirmó que una mejora en el empleo podría repercutir positivamente en los ingresos por cotizaciones sociales y que los incentivos al empleo deben dejar de cargarse a las arcas de la Seguridad Social.
- Eliminar los topes máximos de cotización, sin incrementar la pensión máxima. Mejorar las cotizaciones de los autónomos manteniendo un tope mínimo y aumentar las transferencias a los Presupuestos Generales del Estado.
- Revisar la pensión de viudedad y adecuarla a los criterios de suficiencia, incluyendo incompatibilidades con las rentras del trabajo o de otra pensión.
