Es el título del capítulo 3 de nuestro libro colaborativo “Pensiones del Futuro”, recientemente actualizado. Ignacio Conde Ruiz, presidente de nuestro Foro de Expertos, da respuesta a esta pregunta analizando el sistema de reparto frente al de capitalización.
Prácticamente todos los países del mundo tienen como uno de sus principales programas del estado del bienestar un sistema de pensiones público. Un sistema que han ido reformando en las últimas décadas normalmente presionados por una demografía donde la longevidad está alcanzando cifras no imaginables en el momento de su creación.
Desde el origen de la humanidad nos hemos preocupado por atender las necesidades vitales de aquellos individuos que, por su avanzada edad o por estar desvalidos o ser demasiado jóvenes, no podían trabajar. En muchos casos, estos cuidados se producían dentro del ámbito familiar.
Si uno lo piensa, los estados de bienestar de la mayoría de los países industrializados, y en particular las pensiones, son una especie de espejo de lo que ocurría en el ámbito familiar. Así, Galasso y Profeta (2019) analizan en qué medida la cultura familiar ha afectado a la adopción y a la generosidad de los sistemas públicos de pensiones. En definitiva, las pensiones no son más que mecanismos de transmisión de rentas cuyo objetivo es compensar la caída en los ingresos laborales de las personas cuando éstas no pueden o tienen dificultades para trabajar.
Índice
Sistema público vs privado
Normalmente, la pensión es una renta vitalicia que se percibe hasta el fallecimiento. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿es necesaria la intervención pública en las pensiones? En realidad, teóricamente, si las personas fuéramos capaces de prever perfectamente el futuro y los mercados de capitales fuesen perfectos y tuviéramos una vida laboral completa, podríamos ser capaces de mantener nuestro nivel de consumo durante toda nuestra vida acudiendo al mercado de capitales. Es decir, básicamente ahorraríamos durante la etapa laboral para des-ahorrar en la vejez y mantener un consumo constante.
Por desgracia, los mercados privados no son perfectos, y es fácil ver ejemplos donde la intervención del sector público puede mejorar la asignación del sector privado. Como ponen de relieve en Celentani et al. (2008) y Conde-Ruiz (2014), el objetivo de las pensiones es que los trabajadores puedan mantener cierto poder adquisitivo en el futuro, cuando dejen de trabajar.
Incertidumbres
Pero el futuro está lleno de incertidumbres. En términos generales, hay incertidumbres que vienen de los trabajadores, como el riesgo de la incapacidad, y hay otras que son puros riesgos macroeconómicos, como subidas descontroladas de la inflación o caídas de los tipos de interés mayores de las esperadas, las crisis financieras o los estancamientos prolongados.
Al mismo tiempo, esta incertidumbre puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor de pensiones. Por ejemplo, un evento macroeconómico muy desfavorable (i.e. fuertes caídas de bolsas) puede generar que el proveedor privado de pensiones no cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus promesas.
En este sentido, el sector público tiene una ventaja, pues puede utilizar su poder coercitivo a través de la imposición o de su capacidad de endeudamiento para repartir el riesgo macroeconómico entre distintas generaciones y cumplir sus compromisos. Algo que evidentemente no puede hacer el sistema privado.
Riesgo de longevidad
Otra importante fuente de riesgo de los individuos es la duración de la vida (o el riesgo de la longevidad). Es razonable pensar que un individuo querría asegurarse una fuente de poder adquisitivo independiente de la duración de su vida. Esto quiere decir que, idealmente, un individuo quiere asegurarse frente a la posibilidad de tener una vida muy larga.
La forma de hacerlo sería contratar un seguro que te diera un mayor pago en el caso de que vivas más años. El típico ejemplo obvio es una renta vitalicia. En este caso, el problema surge porque los individuos tenemos mejor información sobre la probabilidad de tener una vida larga. Puesto que tenemos mejor información sobre nuestro historial médico personal o familiar. Pero esta mejor información genera un problema de selección adversa porque la disponibilidad a pagar por una renta vitalicia es mayor cuanto mayor sea tu esperanza de vida o mayor sea la probabilidad de tener una vida larga.
Esto hace que los individuos que perciben que tienen una esperanza de vida menor no quieran participar en este mercado de seguro, pues la prima que les correspondería sería demasiado elevada y, por lo tanto, no se beneficiarían de la posibilidad de asegurar su riesgo de longevidad.
La ventaja del sector público sobre un proveedor privado deriva otra vez de su poder coercitivo, puesto que el Estado puede obligar a todos los ciudadanos, independientemente de su esperanza de vida, a asegurarse.
Otro problema importante que puede ocurrir es que los trabajadores no ahorren suficientemente durante su etapa laboral para su vejez. Distintos autores han sugerido que es posible que los ahorros para la vejez sean ineficientemente bajos por dos razones. Primero, es posible que los trabajadores sufran de alguna forma de irracionalidad o de miopía que les haga ahorrar menos de lo que sería adecuado. Segundo, existe el llamado problema del “padre pródigo” (Diamond, 1977) que surge cuando un miembro de una generación ahorra menos de lo deseable para su vejez, porque anticipa que los miembros de las generaciones sucesivas (sus hijos) le brindarán una ayuda económica.
En ambos casos, la intervención del Estado serviría para obligar a la gente a ser previsora y tomar medidas con vistas a su jubilación. Por último, es importante señalar que los costes de transacción asociados a los seguros privados son muy altos. La mayoría de los planes privados ofrecen tasas de rendimiento que no superan las tasas de rendimiento de los índices de mercado debido a los elevados costes administrativos. Por esta razón, los individuos con ingresos limitados tienen una capacidad limitada para obtener tasas de rentabilidad competitivas sobre sus ahorros. En estos casos, los sistemas de pensiones surgen como planes de pensiones privados administrados por el Gobierno para reducir los costes de transacción (Diamond 1993).
En conclusión, podemos decir que el sector público juega un papel mucho más seguro a la hora de garantizar la existencia de los sistemas de pensiones, pues las diversas incertidumbres respecto al futuro impiden que el sector privado pueda asumir todos los riesgos. Es importante notar que, para solucionar estos problemas, es esencial que el Estado imponga o use su poder coercitivo para que todos los trabajadores participen en algún tipo de sistema de pensiones, pero, en principio, no es relevante que el sistema de pensiones sea gestionado por el propio Estado.
Descárgate el capítulo y conoce cuáles son las diferentes formas de financiación de un sistema de pensiones: sistemas de reparto y sistemas de capitalización financiera y cuál sería el modelo óptimo en el actual contexto de longevidad.
