Publicamos el último informe del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, que en su reunión de mayo abordó la situación de las pensiones en un momento en el que la prestación está en el debate social e institucional, dadas las reformas propuestas por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia español.
El Foro de Expertos del Instituto Santalucia presenta en este documento sus conclusiones a raíz de la reunión mantenida el 13 de mayo de 2021 en la que se ha analizado la situación actual de las pensiones en España y en concreto las reformas planteadas a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en esta materia.
Entre las reformas del sistema público de pensiones que contempla el Plan se incluye la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones, que actuaba como mecanismo de control automático del crecimiento del gasto, en ausencia de ingresos adicionales o de medidas para reducir el crecimiento del número de pensiones, el efecto sustitución o el déficit contributivo existente. Este foro entiende que la justificación de esta propuesta se basa en un diagnóstico excesivamente optimista de la situación financiera actual y de las perspectivas futuras de nuestro sistema público de pensiones contributivas.
Generosidad del sistema
En informes anteriores, el Foro de Expertos ha instado a buscar un consenso en el Pacto de Toledo sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones de una forma que no suponga trasladar el problema a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, este Foro considera que ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni en las reformas del Gobierno se está teniendo en cuenta que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit actuarial, ya que ningún trabajador, por muy larga que sea su carrera de cotización, aporta lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los tipos existentes de cotización y los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación.
Mantener indefinidamente esta excesiva generosidad del sistema en relación con sus recursos, pone en peligro su propia viabilidad y la equidad intergeneracional. Dada la actual esperanza de vida tras la jubilación y su evolución esperada en el futuro, así como la de los niveles de productividad y ocupación y de la población jubilada y en edad de trabajar, las pensiones públicas actuales son más elevadas de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización, tal como han puesto de manifiesto sendos informes del Banco de España y del Instituto de Actuarios. El sistema público de pensiones debe satisfacer la restricción técnica de equilibrio actuarial.
Fuentes de financiación del sistema
El Plan propone también profundizar en algunas medidas que ya se están aplicando para financiar pensiones con cotizaciones de desempleo y que otras prestaciones, muchas de ellas de carácter contributivo, se financien con impuestos generales, lo que en la práctica supone trasladar el déficit del sistema de pensiones a otros ámbitos presupuestarios, sin resolver el problema de fondo.
Es necesaria una mayor transparencia sobre las transferencias del Estado para financiar los supuestos “gastos impropios” del sistema de pensiones, que en buena parte no son tales. Es también necesario evaluar el efecto sobre el gasto de los incentivos que se pretende introducir para alargar la vida laboral. En cualquier caso, dadas las proyecciones existentes, el Foro considera que estas medidas no serán suficientes a largo plazo para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
La intención del Pacto de Toledo de blindar el sistema mediante el compromiso del Estado de aportar, con cargo a impuestos generales, los recursos adicionales que sean necesarios para mantener las prestaciones actuales puede hacer que se produzca a largo plazo un desequilibrio en las cuentas públicas que dé lugar a ajustes bruscos en las pensiones.
Propuestas del Foro de expertos
Por esa razón, consideramos imprescindible que se tomen decisiones cuanto antes que nos permitan diseñar los mecanismos adecuados para evitar estos ajustes. Es necesaria una reducción gradual y anticipada de la actual tasa de sustitución (el cociente entre la pensión inicial y el último salario) hasta niveles que aseguren el equilibrio del sistema y permitan la revalorización de las pensiones en línea con el IPC. Es también necesario adoptar medidas que hagan que la tasa de prestación (el cociente entre el salario medio y la pensión media) alcance niveles comparables a los observados en otras economías europeas a las que queremos converger en bienestar. Con esta reforma estructural del sistema se garantizaría que las pensiones iniciales no entren con un déficit al sistema.
Esta reforma, se podría implementar mediante la adopción de un sistema de reparto basado en cuentas nocionales individuales de contribución definida con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, que mantenga un sistema de complementos a mínimos similar al actual.
Esta reforma no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del actual modelo de reparto, pero aportaría racionalidad, sostenibilidad y trasparencia al sistema, sin sacrificar la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos. Esta reforma ayudaría también a preservar la equidad intergeneracional del sistema de pensiones, repartiendo sus cargas equitativamente entre todas las generaciones.
Descarga el informe completo
Puedes acceder al informe completo del Foro de Expertos, en reunión el pasado mes de mayo, y a la nota de prensa.
También puedes ver informes anteriores en la sección de nuestra web relativa al Foro de Expertos.
