Con datos de 2015, el informe muestra como, por primera vez, la esperanza de vida al nacer ese año supera los 80 años de media, con Japón encabezando el ranking (83,9 años), seguido de España (83), Suiza (83), Italia (82,6), Australia (82,5), Islandia (82,5), Francia (82,4), Luxemburgo (82,4), Noruega (82,4) y Suecia (82,3), un incremento extraordinario si se tiene en cuenta que en 2000, Noruega y Suecia liberaban este ranking con 75 años de media.
Por si fuera poco, el mismo informe cifra en el 20% el porcentaje de la población que actualmente tiene más de 65 años, pero en el caso de España y Japón, realiza predicciones que elevan a nada menos que al 40% el porcentaje de mayores de 65 años y al 15% el de mayores de 80 años, cuando estos hoy no superan el 6%.
Viven más las mujeres
Por sexos, España también se sitúa en segunda posición en la esperanza de vida en mujeres, con 85,8 años de media, frente a los 87,1 años de Japón. En cambio, los hombres viven unos cinco años menos, con 80,1 de media, en un ranking que en esta ocasión encabeza Islandia, con 81,2 años de media.
Pacto de Toledo: medidas ya
Estas cifras ponen a España, y a Europa en general, frente a un doble desafío para sus sistemas públicos de pensiones: la pérdida de población y, al tiempo, su envejecimiento. Estos factores inciden directamente sobre la sostenibilidad de los sistemas, suponiendo un riesgo para los mismos. La necesidad de que nuestro país realice un trabajo de reflexión y debate que aporte soluciones relativas al futuro de las pensiones públicas es cada vez más evidente.
En este sentido, José Ignacio Conde-Ruiz, miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, señaló recientemente en uno de los artículos de este blog que “hay que adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad de la longevidad. Se han hecho algunas cosas positivas. Por ejemplo, la reforma de 2011 fue muy positiva porque cruzó esa línea roja que eran los 65 años que estaban anclados desde el siglo pasado y, por primera vez, se pensó que el ser humano no tiene esa fecha de caducidad laboral de los 65 años y se alargó a los 67, lo cual era una medida razonable. La última medida, la de 2013, introdujo un factor de sostenibilidad, como otros países de nuestro entorno, factor que es necesario para que la generosidad del sistema vaya en paralelo al aumento de la longevidad”.
Otro de los miembros del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, José Antonio Herce, manifestó en el marco de las intervenciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo su preocupación por el envejecimiento de la población fruto del aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. Para Herce, teniendo en cuenta esto, aumentar la vida laboral es incuestionable, hasta el punto de considerar que tenemos “la obligación moral como especie de trabajar más, porque se vive mejor y, por tanto, existe la posibilidad de extender la vida profesional si queremos optar por mantener la suficiencia de las pensiones”.
