La Comisión del Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo de forma mayoritaria: las pensiones deben revalorizarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador económico que mide los cambios en el nivel de precios de una cesta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. A juicio de los partidos políticos que han apoyado el acuerdo, todos los que tienen representación parlamentaria excepto ERC, el objetivo de este acuerdo es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y, por ello, las pensiones se revalorizarán en función del IPC “real”, es decir, a la inflación.
La Comisión del Pacto de Toledo considera “esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación del mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en el año 2011 en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo”.
Desde 2012 y hasta 2017, las pensiones se habían revalorizado un 0,25% anual, lo que en la práctica suponía una merma de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Con la propuesta de revalorización acorde al IPC real, la Comisión justifica la caída del vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que restringe la subida de las pensiones a un 0,25% anual mientras la Seguridad Social esté en déficit, por “la falta de suficiente consenso político y social”.
Una medida no inmediata
Esta medida no será de efecto inmediato. Se enmarca dentro de un conjunto de recomendaciones que la Comisión redactará con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones español”. Estas medidas deberán ser debatidas y votadas en el Congreso de los Diputados y, tras ser aprobadas, algo que previsiblemente sucederá dado el acuerdo mayoritario, el Gobierno deberá legislar, previsiblemente, de acuerdo a esas directrices.
