Lo primero es entender que la base de las cotizaciones es la referencia por la que se determina cuánto deben pagar empresarios y trabajadores a la Seguridad Social y que, a la postre servirá para el cálculo de la pensión. Esta base tiene límites, la base de cotización máxima y la mínima, que se establecen todos los años para los diferentes grupos profesionales. En función de ella, el trabajador recibirá más o menos prestaciones del sistema de Seguridad Social: a una base de cotización alta, mayores prestaciones, y al contrario.
La base máxima de cotización establece la cantidad hasta la que hay que cotizar, la base mínima de cotización se corresponde con el Salario Mínimo Interprofesional, y juntas conforman las “bases reguladoras” de las prestaciones. Sobre estas bases se aplica el porcentaje, o tipo impositivo, que establece la cantidad a ingresar a la Seguridad Social y luego se calculará la pensión a percibir.
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¿Qué implica el destope de las bases de cotización?
El destope de la base máxima de cotización se refiere a la eliminación del límite máximo de cotización que existe en algunos sistemas de seguridad social y pensiones. En algunos países, los trabajadores solo están obligados a cotizar un porcentaje de su salario hasta cierto nivel máximo de ingresos, más allá del cual no están obligados a cotizar más. Con el tope establecido, en caso de que el salario de un trabajador supere la base máxima de cotización, la diferencia entre el salario y la base máxima queda exenta de cotización, lo que supone una pérdida de ingresos para el sistema.
Esta era la situación en España hasta la última reforma de las pensiones (2023) en la que se aprueba el destope de las cotizaciones máximas, lo que implica eliminar este límite máximo y permitir que los trabajadores de mayores ingresos sigan cotizando una mayor cantidad de su salario. Esto supone un aumento directo de la recaudación de la Seguridad Social.
Otra consecuencia es que genera mayores derechos de pensión futura para los trabajadores que coticen por la base máxima. Sin embargo, con la reforma, no se ha aumentado la pensión máxima, lo que implícitamente supone un impuesto para las rentas altas.
En opinión del miembro del Foro de Expertos de Instituto Santalucía, Ángel de la Fuente, «no es una buena idea destopar las cotizaciones, sin subir también las pensiones máximas. Lo que estamos haciendo es convertir las cotizaciones en un impuesto puro y duro, por lo que estamos obligando a la gente a pagar más, y eso nos genera después una pensión mayor. Un impuesto, además, bastante distorsionante, porque el impuesto recae sobre una parte muy pequeña de las rentas, sobre las rentas del trabajo por encima de la base actual máxima de cotización. En consecuencia, por un lado, habrá poco beneficio en términos de aumentar la recaudación y contribuir a la sostenibilidad y, por otro lado, a ese segmento de trabajadores les pondremos unos tipos marginales altísimos que son muy distorsiones» (puedes acceder al vídeo completo en nuestro canal de YouTube en el que analiza el impacto de esta medida aprobada por el Gobierno).
¿Qué efectos tiene el destope sobre los salarios?
Podemos identificar hasta tres impactos de la consecuencia del destope de la base máxima de las cotizaciones.
- Reducción del salario neto: si se elimina el tope de las cotizaciones, los trabajadores que ganan más tendrán que contribuir con más dinero al sistema de Seguridad Social. Esto significa que su salario neto, es decir, el dinero que reciben después de las deducciones, será menor. Por lo tanto, el destope de las bases de cotización puede llevar a una reducción del salario neto de los trabajadores con ingresos más altos.
- Competitividad empresarial: si el destope de las bases de cotización hace que los costes laborales aumenten, las empresas pueden verse obligadas a reducir los salarios para mantener su competitividad en el mercado.
- Mayor recaudación para el sistema de Seguridad Social: la eliminación del tope de las cotizaciones puede aumentar la recaudación del sistema de Seguridad Social, lo que puede permitir financiar mejor los servicios públicos y las prestaciones sociales, como la pensión.
