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El economista, miembro del Foro de Expertos de Santalucía, reflexiona sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en un webinar organizado por la revista 65 y Más y Santalucía Seguros.
El aumento del gasto de la Seguridad social para atender a las personas afectadas por un ERTE, a los autónomos en cese de actividad y a las familias más vulnerables a través del Ingreso Mínimo Vital como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 podría provocar que “el año que viene no podamos actualizar las pensiones en torno al IPC, y esto ya se ha hecho otros años cuando no ha habido recursos”. Es la advertencia que hacía José Antonio Herce, miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, en un webinar organizado esta semana por la revista 65 y Más y Santalucía Seguros y conducido por el periodista Fernando Ónega para abordar la sostenibilidad de las pensiones.
Herce reconoció que también podría verse afectado el pago de alguna paga extra, lo cual generaría un enorme quebrando económico ya que “las pagas extras suponen un alivio para los perceptores de las pensiones mínimas”. Asimismo, señaló que quizás “haya que detener el crecimiento de una buena parte de las pensiones cuyos importes superan la media, para preservar las pensiones de quienes más lo necesitan, como lo son las pensiones mínimas y las no contributivas, las cuales ni se pueden congelar ni bajar, ya que son obscenamente bajas”.
La Seguridad Social arrastra un déficit de cerca de 20.000 euros que se va a ver seriamente aumentado con la crisis sanitaria. “Si queremos estabilizar ese déficit, que corre el riesgo de convertirse estructural dentro de una década por la jubilación de los baby boomers, tenemos que generar recursos de base impositiva de base ancha, como el IRPF. Esta era una vía para estabilizar el sistema antes de la COVID y ahora va a ser obligatoria, pero no disparemos a colectivos de empresas o altas fortunas, que a lo mejor tienen capacidad para no sufrir este impuesto, y repercutirlo en terceras personas”.
Envejecimiento de la población e impacto en las pensiones
El futuro dibuja una España envejecida por la mayor longevidad (cada década la esperanza de vida aumenta 2,5 años), la llegada a la jubilación de la generación del baby boom a partir de 2030 y la baja tasa de natalidad. Ante este escenario, ¿cómo se van a pagar las pensiones? “No vamos a disponer de recursos para pagar las pensiones y tendremos que generarlos vía impuestos, mientras no hayamos resuelto la prolongación de la vida laboral después de los 70 años y se generalice la pensión complementaria (ahorro particular) a través de planes de empleo”. Esto es, planes de pensiones distribuidos por empresas y organizaciones a sus trabajadores.
En este sentido, preguntado sobre la posibilidad de que se eliminen los incentivos fiscales de los planes de pensiones individuales (ahorro particular) para fomentar los planes de empleo, Herce afirmó ser un “despropósito”. Justificó este calificativo poniendo como ejemplo a los trabajadores autónomos, quienes solo tienen opción a suscribir planes individuales y cuyas pensiones son hasta un 40% inferiores a las de un asalariado, porque en la mayoría de los casos optan por la base de cotización mínima y, en consecuencia, su pensión será la mínima. “En términos de sustitución (porcentaje del último sueldo que se abona como pensión), estamos hablando de que la Seguridad Social abona a un trabajador por cuenta propia entre el 20% ó 30% de sus ingresos, frente al 80% que perciben los asalariados. Es por ello que, el 40% de los autónomos opta por un plan de pensiones individual. Si le quitamos el diferimiento fiscal y las deducciones de la base, tendríamos el malvado resultado de que los autónomos estarían sujetos a la doble imposición”.
En su opinión, cualquier producto de ahorro previsional, ya sea financiero o del sector asegurador, debe tener el mismo tratamiento fiscal.
Jubilación anticipada
Pese a este escenario de dificultad en la sostenibilidad del importe actual de las pensiones públicas, la jubilación anticipada es cada vez más frecuente entre los ciudadanos, y ello a pesar de que está penalizada. Por cada trimestre que se adelanta se aplica un coeficiente reductor del 1,75% (7,5% anual), por el hecho de disfrutar durante más tiempo de la pensión. “Las penalizaciones son totalmente justas”, asevera Herce, quien considera que se debería actualizar el coeficiente reductor y situarlo en nueve puntos y, “probablemente me he quedado corto”.
La normativa permite adelantar el retiro laboral de modo voluntario dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. Así, los que hoy tengan 63 años podrían retirarse este año.
Compatibilizar trabajo y pensión
Herce recuerda que la prejubilación no existe en nuestro sistema como figura legal, pero “nuestro mercado laboral es tan malo que no puede aguantar a las personas de cierta edad en actividades productivas”.
“La jubilación no es una obligación, es un derecho. Nadie puede obligarnos a tomar esa decisión, pero se viene haciendo y se ha intensificado Un trabajador cargado de trienios, cuando puede que su productividad este declinando, que eso habría que demostrarlo, puede ser muy oneroso para un empleador, por eso proponemos un contrato de compatibilidad (pensión y salario) sin trienios, sin indemnización”, que incentivase la continuidad del talento senior en el mercado laboral.
En este sentido, Herce recuerda que ya existen figuras de este tipo, como la jubilación activa, poco conocida y que permite esa posibilidad con una reducción del 50% de la pensión y una cotización de solidaridad del 8%.
Mochila austriaca
La llamada mochila austriaca es un sistema por el que se crea un fondo a nombre del trabajador que se constituye cuando empieza su vida laboral y se va llenando con cotizaciones pactadas en el convenio colectivo. “Es un salario diferido que se cobra si te despiden”, aclara. Para Herce, este concepto “se entiende mal porque se ve únicamente como un elemento de coste, que lo es, pero también es una fórmula que reemplaza, con éxito en muchos países, a las indemnizaciones por despido”.
Con esta fórmula desaparecerían las “onerosas y sorpresivas indemnizaciones para las que muchas empresas no están preparadas cuando se producen indemnizaciones masivas por un ERE”.
“El futuro del trabajo es muy malo, pero el trabajo del futuro va a ser brillante y nadie querrá jubilarse”, concluyó.
